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El próximo informe de la Misión para la Transformación del Campo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) abrirá un debate en torno a las opciones y el acceso a créditos que tienen las personas en el campo. Así lo confirmó el director de la iniciativa, José Antonio Ocampo.
La financiación es una de las seis problemáticas que identificó el equipo de expertos como responsables del panorama actual y la situación económica y social en las zonas rurales.
El presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), Luis Eduardo Gómez, aseguró que en lo corrido del año se han desembolsado créditos por $6,5 billones. “La meta para este año fijada por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario es de $7 billones, pero podríamos estar por encima de eso”, dijo.
Solo la entidad cuenta con cerca de 980.000 créditos por $ 13,7 billones (el monto promedio solicitado por persona son $14 millones), cifra que se ha duplicado en los últimos cinco años según Gómez.
El financiamiento es clave para el desarrollo rural productivo, primer punto de la agenda del DNP en materia de diseño de políticas. Así mismo, la revisión de la institucionalidad también tiene que ver con este propósito, pues implica determinar el límite de sus capacidades en las comunidades mismas.
Francisco Solano, presidente del Banco Agrario, destacó que se han enfocado en beneficiar a los pequeños productores. Es así que de los $10,9 billones que conforman su cartera $7,5 billones tienen por destino la actividad agropecuaria con dos líneas: capital de trabajo e inversión. Además, el Banco es el único en 470 municipios.
La saliente presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, argumentó que el actual sistema de crédito no facilita la inclusión de las personas en el campo debido a sus bajos ingresos atribuidos a la baja productividad del sector agropecuario.
“A pesar de las distorsiones del esquema de crédito vigente, el crédito agropecuario ha aumentado en la última década: la proporción de productores agropecuarios con crédito pasó de 11% a 40% y la profundidad de la cartera de 10% a 32% del PIB del sector”, destacó Cuéllar.
Dado que la Misión es multisectorial no se enfoca solo en la agricultura sino que mira hacia las necesidades del campo en general además de los créditos productivos se revisaron con lupa los de libre inversión, vehículo o vivienda.
“Nos han encomendado una tarea de mirar al campo en forma integral en sus dimensiones económicas y sociales, ambientales y la relación de todas con la paz”, recordó Ocampo.
La Misión producirá un documento base con una serie de propuestas que ayuden a definir lineamientos de política pública en materia de desarrollo rural que finalmente serán consignados en el próximo Plan Nacional de Desarrollo para convertirse en política de estado este cuatrienio.
Hasta el momento se ha presentado un panorama general del campo donde se advierte la situación de pobreza, acceso a la tierra y otros activos productivos, además de un informe sobre habitabilidad donde se propone la inversión de $59 billones en 20 años para reducir el déficit. Aunque el documento de financiación no tiene fecha se cree que no se haría público este año.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que este manejo está respaldado por auditorías integrales realizadas por la firma Amezquita & CIA S.A.S.
Estos incrementos se harán presentes desde los primeros días de enero y llegarán, hasta mediados de julio en la mayoría de casos
Las familias que están programadas para recibir los beneficios deberán recibir un mensaje de texto de su operador, que indica que ya están disponibles los recursos
