Aumentar la producción y las reservas, principal meta de Lloreda en la ACP

El panorama lo tiene claro el nuevo presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda Mera, quien en diálogo con Colprensa habló de cómo le hará frente a estos desafíos y cómo trabajará con miras a potenciar esta industria, que le aporta al Estado $32 billones anuales entre regalías e impuestos. 

¿Cuáles son los retos de la industria por los que trabajará desde la ACP? 
El primero es el incremento de reservas, si no lo logramos, en seis años no tendremos petróleo, con el impacto nefasto que ello tiene en diversos aspectos. Esa debe ser una prioridad estratégica del orden nacional, porque si no a la vuelta de unos años el país verá lastimada su autosuficiencia energética y tendrá un hueco fiscal de proporciones inmensurables. El segundo reto es detener la caída de la producción y en lo posible llegar de nuevo al millón de barriles diarios. Debemos mejorar aún más la infraestructura de transporte, no solo para que se esté en capacidad de transportar el crudo, sino buscando que sea confiable y segura. Y el cuarto reto tiene que ver con combatir de manera decidida el contrabando de combustibles y la industria de lubricantes falsos. 

El sector afirma que uno de los principales cuellos de botella para avanzar son las licencias ambientales... 
La industria no espera que no exista rigurosidad en las licencias, pero considera que es factible optimizar los tiempos para las mismas, entendiendo que no es solo un tema de licencias sino un número de trámites, permisos y procesos que, de acuerdo con estimativos del Gobierno, pueden llegar a ser 30. 

¿En qué tiempo piden que se reduzca el proceso para el otorgamiento de una licencia ambiental? 
El promedio actual son catorce meses, no tenemos la menor duda de que los tempos podrían reducirse la mitad, distinguiendo los tipos de licencia; hay unos que son más sencillos y otros más complejos. No quiero desconocer el compromiso del Ministerio de Ambiente ni el de la Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales), pero si queremos incrementar la producción y la exploración, eso pasa necesariamente por unos procedimientos más expeditos en materia de licenciamientos. 

La industria pide menos tiempo, pero la sociedad civil reclama procesos más rigurosos que protejan el ambiente... 
El Gobierno no está siendo flexible ni está regalando las licencias ambientales. El nuestro es un país con una normatividad en materia ambiental que es exigente y rigurosa, me atrevería a pensar que lo que existe es una profunda desinformación no solo sobre el rigor de las licencias sino sobre el impacto real de la actividad petrolera en el territorio, prueba de ello es lo que ha ocurrido recientemente en Casanare y la discusión que se suscitó sobre si la industria de hidrocarburos era responsable de la sequía, lo cual no lo es. 

Ya que usted menciona el tema, la Contraloría General determinó hace unos días que las “actividades de sísmica y perforación petrolera tuvieron incidencia en la grave sequía”...
Infortunadamente meter en un mismo saco y hacer generalizaciones contribuye a la desinformación y poco aporta a precisar cuáles son las causas reales de los fenómenos ambientales. La Contraloría hace un señalamiento de la totalidad de las actividades económicas que se adelantan en el Casanare e indica que todas ellas de manera colectiva explicarían el problema de sequía, pero es importante examinar en detalle cuál es la realidad. En el Casanare 98 % del recurso hídrico está ligado a la agricultura y la ganadería, en el caso de la industria de hidrocarburos es de 0,7 %, entonces lo que el sector no puede aceptar es que se le señale como responsable o corresponsable de una situación como esa. 

Además de las licencias, otro tema que en ocasiones incomoda a la industria son las consultas previas...
La consulta previa es un instrumento de la mayor importancia para hacer valer los derechos y los intereses de unos grupos específicos de la comunidad, pero en algunos casos se abusa de ella y sus tiempos se dilatan de una manera absurda. La consulta previa no fue creada para obstaculizar el desarrollo del país sino para buscar unos entendimientos con comunidades que se puedan ver afectadas directamente, por eso es fundamental que su naturaleza se conserve y que no termine convirtiéndose en una talanquera. Hay que precisar su alcance, cuáles son las comunidades que deben participar de los procesos, contar con unos procedimientos razonables y entender que la consulta previa no es un veto. 

El Gobierno viene trabajando en un plan de choque para detener la caída de la producción y potenciar la industria, ¿cree que surtirá efecto? 
Nos parece que es pertinente, el gremio y la industria estarán dispuestos a acompañar y apoyar lo que ese plan requiera y esperar que produzca resultados. Sin embargo, el país no solo tiene una necesidad de incremento de la producción en el corto plazo, igual o más importante es el incremento de las reservas sin lo cual la producción no es sostenible. De ahí la necesidad de concebir una apuesta con igual compromiso para avanzar en la búsqueda de yacimientos y reservas en los próximos años y esto pasa necesariamente por una apuesta a fondo en materia de sísmica y exploración. 

¿En cuánto está la producción de crudo y cuál es la apuesta por aumentarla desde la ACP?
La producción promedio está en alrededor de 960.000 barriles equivalentes día, el promedio para los próximos 10 años podría ser de 840.000 barriles día y esto apostándole a un incremento en las reservas. Si Colombia no le apuesta de fondo al incremento de reservas, a la vuelta de seis o máximo siete años tendríamos una producción muy diezmada. 

Ante los continuos atentados, usted afirma que con o sin acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC y eventualmente el ELN; la industria requiere condiciones para operar, ¿no han sentido suficiente compromiso? 
El compromiso de las Fuerzas Militares y de la Policía con la industria ha sido total, confiamos en que el ministerio de Defensa identificará cuáles son las estrategias y tácticas para contrarrestar y en lo posible prevenir los atentados. No me cabe la menor duda de que el Gobierno y la Fuerza Pública no van a escatimar esfuerzo para que la industria pueda operar. 

¿Cuánto pierde la industria por el contrabando de combustibles y qué acciones van a tomar desde la ACP para enfrentar esta problemática? 
El contrabando de combustibles le genera pérdidas a la industria superiores a los $700.000 millones al año y se estima que alrededor de 30% de los lubricantes son falsos, lo que termina perjudicando al consumidor final porque se hace a unos productos que no son de buena calidad. La industria respalda el compromiso del Gobierno en la lucha contra el contrabando de combustibles especialmente en las zonas de frontera, además con la Superintendencia de Industria y Comercio, la Policía y Fiscalía se viene adelantando un programa contra la falsificación de lubricantes que está en marcha y aspiramos a reforzarlo en los próximos años. 

¿Qué piensa de la nueva reforma al Sistema General de Regalías que ya está cursando en el Congreso?, ¿está de acuerdo con que se debería buscar una compensación a las regiones productoras? 
Los recursos del subsuelo son propiedad de la Nación pero en las regiones y municipios productores existe una sensación de despojo de una parte muy importante de sus ingresos, de ahí que resulte comprensible que el Gobierno esté examinando mecanismos para asignar nuevos recursos para estos municipios. Sobre cuál es el mejor mecanismo corresponderá analizarlo, pero no tengo la menor duda de que el país se debe mover en esa dirección, independiente de cuál es el impacto de la actividad de la industria en las regiones, que en ocasiones se sobredimensiona, lo cierto es que es allá donde está la industria. 

¿Qué legado le deja Alejandro Martínez a la ACP y en qué va a estar enmarcada su gestión como nuevo presidente Ejecutivo? 
Alejandro Martínez dedicó su vida a la industria de la ACP. Fueron 20 años suyos que coincidieron con la evolución de la industria misma en Colombia; la industria y el país solo debe tener gratitud con él. Mi propósito como presidente de la ACP es no solo llevar la vocería y defender los intereses de la industria, sino convertir la Asociación en un instrumento que le permita al sector superar sus dificultades y a los afiliados cumplir sus objetivos, entendiendo también a la ACP como un instrumento para articular los esfuerzos de la industria con las del Gobierno Nacional, departamental y municipal.