Congresistas y campesinos le pidieron a Santos retirar el proyecto de baldíos

Miembros de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y voceros de organizaciones campesinas le pidieron al Gobierno Nacional que retire el proyecto de Ley 133 sobre terrenos baldíos y Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), alegando que atentan contra la economía campesina y son contrarios a lo pactado en La Habana.

De hecho, los gremios presentes aseguraron que presentarán su propio proyecto de ley alterno que se apoyaría en consultas a expertos internacionales.

Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, aclaró que la propuesta no busca resolver el tema de la propiedad, sino apuntarle a la productividad en zonas exclusivas que fueron abandonadas incluso por los campesinos.

El congresista Wilson Arias, del Polo Democrático, argumentó que el texto es contrario a las necesidades del país (modificar la estructura agraria) pues tiene efectos sobre el precio y la propiedad. “La mitad de la tierra en el campo es propiedad de 1% de la población, lo que lleva a una especulación y deriva en que el suelo de Colombia sea cinco veces más caro que el de Perú o Ecuador”, dijo.

Sin embargo, el problema también es cultural. Según un estudio citado por Arias y realizado por una ONG internacional, apenas 20% de los desplazados están dispuestos a regresar al campo, los demás cederían a vender la propiedad que se les dé.

Entre tanto, Jhenifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas, advirtió que lo más grave del proyecto es que “legaliza el acaparamiento”, por lo que llamó a establecer límites para que la población vulnerable sea prioritaria por encima de las multinacionales, ya que “la respuesta del Estado para campesinos e indígenas no ha sido satisfactoria”.

También le preocupa que no se esté pensando en garantizar la seguridad alimentaria nacional, pues más de la mitad de los productos agrícolas que se consumen en el país se producen localmente y provienen de la economía campesina que en su mayoría es a pequeña escala “¿Por qué ellos no pueden ser actores de la producción?, se preguntó.

Otro de los señalamientos tiene que ver con las condiciones especiales en apoyos económicos y líneas de crédito que plantea el proyecto de Ley 133 y que se le darán a las asociaciones que encabecen proyectos productivos. “Es obvio que un empresario tenga éxito si se le da todo, mientras que al campesino se le entrega la tierra y se le exige lo mismo sin contar con más factores productivos”, enfatizó Mojica.

El representante de La U Alfredo Molina, ponente de la propuesta, calificó el argumento como falso porque nunca se sugiere que las asociaciones sean con empresas, pueden ser entre campesinos, y porque queda claro que no habrá transferencia de dominio ni adjudicación de tierras sino arriendo. También negó que se afecten las zonas de reserva campesina o las áreas en proceso de restitución. “El texto es muy claro y pone límites muy precisos”, dijo.

UAF se calcularán sobre cinco salarios
En 1994 cuando la Ley 160 definió el concepto de Unidad Agrícola Familiar (UAF) como área básica de producción, consideró justo que el cálculo se hiciera sobre la base de la extensión necesaria para producir dos salarios mínimos como ingreso para el grupo familiar. Sin embargo, el superintendente anunció que en la Junta Directiva del Incoder se estudiará que este monto sea de cinco salarios mínimos, “para no empobrecer al campesino” y las UAF se acompañarán de financiamiento y asistencia técnica.

Las Opiniones

Jorge Enrique Vélez
Superintendente de Notariado y Registro
“La garantía de los campesinos debe estar sobre la producción, no sobre la tierra, pero eso no significa que vamos a legalizar ilegalidades”.

Alfredo Molina
Representante a la Cámara
“Estamos listos para sacar una ley que le sirva a los pequeños campesinos, pero tenemos que estar listos para reunirnos sin prevenciones a debatir”.