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Los empresarios se resisten a pagar el impuesto a la riqueza, el cual se crea con la nueva reforma tributaria y lo deberán cancelar compañías y personas naturales con patrimonios superiores a los $1.000 millones.
Aunque el Gobierno cambió la propuesta inicial de aumentar las tarifas y bajar el monto a partir del cual se paga, el Consejo Gremial Nacional (CGN) insiste es que tendría efectos importantes sobre el aparato productivo. Este nuevo gravamen reemplazaría el impuesto al patrimonio, tributo temporal que acaba este año. El presidente del CGN, Rafael Mejía, manifestó que “los empresarios quieren pagar, no quieren evitar el costo, estamos dispuestos a financiar el déficit del próximo año”, sin embargo, se mantienen en la propuesta que hicieron hace algunas semanas.
Con esto, ven viable la prórroga del 4x1.000 y la sobretasa de 3% al Impuesto Sobre la Renta para la Equidad (Cree), pero solo por un año, es decir, para financiar los $12,5 billones que faltan en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del próximo año.
La idea, de acuerdo con Mejía, es que estos impuestos consignados en el proyecto que se radicó en las Comisiones Económicas solo se aprueben por un año y luego se instale una comisión por seis meses para evaluar una reforma tributaria estructural, que resuelva las necesidades de gasto de todo el cuatrienio. Los directivos del CGN están siendo asesorados por el exdirector de la Dian, Santiago Pardo. Juntos se reunirán desde la próxima semana con el Gobierno para plantear sus propuestas. Mejía manifestó que el Gobierno ha estado abierto a escucharlos y ya han tenido contacto con el viceministro técnico de Hacienda, Andrés Escobar. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó ayer ante uno de los principales tanques de pensamiento en Washington, The Dialogue, que lo que buscan con esta reforma es mayor progresividad en la tributación para una mayor inversión social. La próxima semana comenzará en el Congreso de la República el debate del proyecto.
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