Una política que se ha ampliado a 2,6 millones de familias

En doce años, el programa Familias en Acción (FA) ha multiplicado por ocho el número de beneficiados, se ha convertido en una política de Estado y ha logrado impactos tangibles en la reducción de la pobreza, pero también se ha convertido en foco en el debate electoral por su manipulación para fines políticos.

Este programa nació en 2001 como un plan de choque contra la crisis de finales de los 90, cuando la economía cayó 4,3%, el desempleo alcanzó 20% de la población y la pobreza aumentó a 59% y lo que buscaba era proteger a las familias pobres a través de subsidios para mantener la formación de capital humano.

Sin embargo, estos recursos siempre han estado condicionados al cumplimiento de dos requisitos por parte de las familias: la asistencia de los menores al colegio y seguimiento a la salud y la nutrición de los niños.

Este modelo, que fue replicado del programa Oportunidades (antes Progresa) de México, se inició como un piloto que solo incluía a 320.000 familias y tenía una duración de tres años. Roberto Angulo, exdirector de FA, indica que este se mantuvo ya que “arrancan unos experimentos hace más 10 años para proteger a las familias en una crisis macroeconómica y nos dimos cuenta que los impactos son muy buenos y que la vulnerabilidad de las familias no se limita a los periodos de crisis”.

En principio, FA se dirigió a familias con menores de 18 años, que estaban en nivel uno del Sisben y que vivieran en municipios de menos de 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2007, para el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, se amplió el programa a los centros urbanos, para la población indígena y los desplazados. Así, la meta de familias beneficiadas llegó a 1,5 millones.

El problema de esta ampliación fue que la cobertura por departamentos no era coherente con su porcentaje de pobreza. De acuerdo con un estudio de Oskar Nupia, investigador de la Universidad de Los Andes, si bien el programa estaba bien focalizado individualmente, porque se dirigía a los más pobres clasificados por el Siben, este no tenía una focalización regional. “El mismo Acción Social tenía un mapa con los departamentos con sus niveles de pobreza y en otro lado otro con la concentración de FA y esto no coincidía. En el Chocó donde hay el mayor número de pobres, llegaban mucho menos recursos”, explica Nupia, que agrega que por el contrario esta “focalización extraña” se explica por temas electorales, ya que los recursos del programa se dirigieron más intensivamente a las regiones que “han sido leales en términos políticos al primer gobierno de Álvaro Uribe”.

Ante esto, en 2012 se plantea el rediseño del programa, que incluye entre los puntos fundamentales la asignación de cupos geográficos conforme a la pobreza. “En Chocó, por ejemplo, ampliamos la cobertura en 50%”, afirma Angulo, quien fue responsable de la transición y explica que lo que se hizo fue desmontar el anterior.

Cómo funciona actualmente
Al cierre de 2013, 2,68 millones de familias estaban beneficiadas con el programa FA, lo que representa aproximadamente 4,8 millones de niños en 1.102 municipios de los 32 departamentos del país.

Más Familias en Acción, como se le denomina actualmente, diferencia geográficamente el pago de subsidios dependiendo de los niveles de pobreza y urbanización de los municipios. Así, se dividen en cuatro grupos: Bogotá, 21 ciudades capitales, los municipios con un el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) inferior a 70% y los que lo tienen superior a esta cifra.

Así, las familias que son beneficiarias son aquellas que cumplen con un puntaje del Sisben de 0 a 54,86, dependiendo del área.

El programa tiene dos tipos de subsidios que acarrean diferentes condiciones. El primero es para la salud, que se paga por familia que tenga menores de 7 años, independientemente del número. El monto a pagar varía entre $60.000 y $70.000 dependiendo del grupo al que pertenezcan. Para recibirlo los padres deben garantizar que los niños asistan a las citas de control de crecimiento.

El otro incentivo es en educación, este se paga por cada niño entre 5 y 18 años matriculado al colegio y el subsidio es escalonado, es decir va aumentando con el grado escolar para desincentivar la deserción escolar en bachillerato. El monto va desde $25.000 hasta $55.000 cada dos meses durante el periodo escolar. Los niños deben asistir al 80% de las clases programadas para recibir el beneficio, no pueden perder más de dos años y solo pueden recibir recursos tres niños por familia.

Esta política ha sido financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), lo que lo ayuda a blindar a largo plazo el programa en el país.

Desigualdad y pobreza se reducen con el programa
De acuerdo con cálculos del Departamento Nacional de Planeación, el número de personas bajo la línea de pobreza sería un punto porcentual mayor si no existieran las ayudas institucionales. Así mismo, determina que la pobreza extrema sería 1,5% superior sin estos subsidios. En cuanto al índice de desigualdad Gini, el cual se mide entre 0 y 1, sería 0,6 puntos mayor.

Los recursos que entrega Familias en Acción corresponden al 34% del monto que determina la linea de pobreza extrema y 15% de la pobreza moderada, por lo que ayuda a disminuir las brechas en el país.

Las opiniones

Roberto Angulo
Exdirector de familias en acción
“Definimos puntos de corte que determinan si una familia debe ser beneficiaria y todo el que llegue tiene derecho a estar en el programa, el cual es financiado para eso”.

Oskar Nupia
Investigador y profesor de la Universidad de los Andes
“Familias en Acción ha cumplido con algunos objetivos, pero hay unos estudios que muestran que la cantidad de pobres que ha caído no han sido gracias al programa”.

Diego Molano Aponte
Exdirector del Icbf y Acción Social
“Este programa debe asegurar la nutrición y la educación de una generación, es decir que un niño que entró a los 5 años pueda permanecer hasta los 18”.