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Es por esto que la tarea que tienen los gobernadores es buscar otra fuente de ingresos para que ni municipios ni departamentos dejen de recibir el dinero que ya tenían presupuestado por el bajonazo de combustible que oscila entre 22% y 27%.
Al preguntar a los dirigentes sobre el plan B la única salida que dicen tener es el lobby, para que se cancele la resolución y se llegue a otro acuerdo con un precio base más cercano a lo que tenían presupuestado, sin embargo, reconocen que con la firmeza del ministro de Minas, Germán Arce Zapata, la tarea no está fácil.
Precisamente para el caso de Santander, el cuarto departamento más afectado por la política nacional, dejando de recibir para sus cuentas unos $19.901 millones, “a los departamentos ya no se nos está permitiendo la creación de nuevos tributos. La manera (para hacer más fáciles los efectos de la medida) es que podamos tener una base gravable de acuerdo a la venta final al público que permitiría tener una seguridad y una estabilidad sobre los precios”, propuso el gobernador de Santander y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera.
Sin embargo, para los dirigentes de las principales ciudades, la solución sigue siendo mucho más radical. Mediante un comunicado conjunto de los burgomaestres, dentro de los que se encontraban el de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el de Medellín, Federico Gutiérrez, se le exige al Ministerio derogar la resolución que “golpea” fuertemente sus finanzas pero no se propone una solución alterna.
Según Peñalosa, el recorte sería de aproximadamente $120.000 millones anuales que pone en riesgo el desarrollo de proyecto del Metro en la ciudad, así como el mantenimiento de la maya vial distrital y, en general, de todo el país.
“La malla vial del país está gravemente desfinanciada y esta resolución le quita más recursos. Aquí no solo se afecta la movilidad, porque muchas ciudades ya tienen comprometidos esos recursos a largo plazo, sino que nos obligarían a quitarles recursos a programas como a educación, salud y la atención a la niñez”, afirmo.
Pero, de acuerdo con los datos presentes en el Formato Único Territorial (FUT), en Bogotá se recibieron apenas $289.895 millones por sobretasas en 2016, un valor que ya venía en descenso con respecto a 2015 y del que, según los cálculos de Fedemunicipios, podría reducirse en aproximadamente $78.271 millones.
Con este panorama la pelea está entre la alcaldes, gobernadores y el MinMinas terminará para los analistas en manos del Gobierno Nacional representado por Presidencia y el Ministerio de Hacienda quienes podrían proponer una alternativa para mantener las finanzas.
Por ahora el debate comienza pero ya hay quienes dicen que los municipios no deberían depender de esa sobretasa.
Las opiniones
Didier Tavera
Gobernador de Santander
“Debemos poner una base gravable de acuerdo al precio de venta final para garantizar la estabilidad de los precios finales”.
Gilberto Toro
Director ejecutivo de Fedemunicipios
“La resolución que se modificó no es normalmente consultada a la ciudadanía. Fue expedida y publicada sin ningún aviso”.
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