Industrias licoreras cierran el año en el limbo entre relevos y debate por impuestos

Hasta el momento no se ha confirmado quiénes ocuparán la gerencia de las cuatro principales industriales del país, cuyo recaudo supera los $922.736 millones, según la última medición.

La más importante de ellas es la Empresa de Licores de Cundinamarca, cuyo ingreso supera los $377.000 millones y hoy se encuentra bajo la gerencia del economista Carlos Alberto Meza por decisión del exgobernador Álvaro Cruz. Aunque es altamente probable que con la llegada de Jorge Emilio Rey a la Gobernación haya un reemplazo, el funcionario ha sido hermético con el tema.

Esta también es la situación de Fernando Restrepo, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia desde 2012. Aunque a la fecha no se conoce a su sucesor, funcionarios de la empresa confirmaron que irá hasta el jueves de la próxima semana. El nuevo timonel deberá asumir las riendas de la empresa líder en ventas en las categorías de aguardiente y ron.

Por el contrario, en la Industria de Licores del Valle ya hay un proceso en curso. Aunque Alberto Ramos asumió la gerencia hace un poco más de un mes, con el cambio de administración departamental también llegó una firma cazatalentos. Fuentes cercanas le dijeron a LR que esta semana se definirán tres preseleccionados y la próxima se confirmará el cambio.

La conformación de los nuevos liderazgos será fundamental para asumir posiciones frente al que será el tema más importante de este subsector de la economía para 2016: la carga impositiva de un mercado que a ojos de los analistas está lejos de ser competitivo.

Es por ello que el Gobierno Nacional radicó un proyecto de ley con el que busca modificar las normas que protegen la producción de las licoreras regionales, lo cual además es una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) para que Colombia pueda hacer parte del llamado club de los países ricos.

Específicamente la normativa propone eliminar la barrera de comercialización entre rones y aguardientes nacionales, también reglamenta la producción de terceros a través de una licitación pública y, por último, establece cambiar la tarifa actual por un sistema mixto según los grados alcoholimétricos de los productos.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, la tarifa actual genera una discriminación porque los licores nacionales se producen, por lo general, por debajo de los 35 grados, mientras que los internacionales por encima de ese valor, y estos últimos pagan una tarifa más alta por grado de alcohol, lo que incumple las normas internacionales y más específicamente el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (Gatt).

Jorge Iván Orozco, gerente de la Industria Licorera de Caldas, defendió el recaudo de los departamentos por ser la fuente de financiamiento de sectores como la salud y el deporte. “En todas las partes del mundo existen restricciones al libre comercio de licores porque el Estado siempre ejerce un control”.

Es por ello que le han pedido al Gobierno que les deje un impuesto específico y otro ad valorem (de acuerdo al valor) de 25%, de manera que no vean una disminución en sus rentas anuales de $1,6 billones. También piden que el Estado les garantice una inyección de recursos adicionales “si por alguna razón se baja el recaudo”.

Pero no es el único en oponerse, lo propio hizo la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba). Su directora, Beatriz Jaramillo, manifestó que la industria nacional también está gravemente afectada e indicó que esta ha ido desapareciendo levemente. “El proyecto de ley continúa con una situación de desigualdad que nos condena a desaparecer”.

De acuerdo con Martha Patricia González, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Importadores de Licores (Acodil), Colombia asumió un compromiso internacional muy fuerte en esta materia, “estábamos en mora de un proyecto como este, que vemos con muy buenos ojos”, dijo.

La vocera explicó que el otro año la discusión girará en torno al tema tarifario. El gremio     que representa, por ejemplo, califica la propuesta del Gobierno de “onerosa”. González argumentó que la diferencia de valores entre importados y nacionales es antitécnica.

Su contrapropuesta es que se grave con un IVA general descontable sumado al impuesto de $200 por grado de concentración alcoholimétrica. “De esta forma los recaudos no se van   a caer, al contrario se va a tener un mercado más transparente y además resultará un desincentivo para el contrabando”.

Las opiniones

Martha Patricia González
Directora Ejecutiva de Acodil
“Los condicionamientos para ingresar a la Ocde le dan un marco legal a la regulación de un monopolio”.

Jorge Iván Orozco
Gerente de la Licorera de Caldas
“Lo que proponemos es que no se  disminuyan los recaudos porque temblaría la salud y educación de las regiones”.