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La problemática de la contratación con recursos públicos involucra a todos los estamentos de la sociedad y de forma particular al gremio de la ingeniería, y cabe reiterar, que en los procesos de contratación que involucran recursos públicos, el problema radica en la falta de objetividad, condición que no sólo afecta a las partes interesadas, sino también a la economía del país, y lo que es peor, al futuro del ejercicio de las profesiones afines a la construcción.
Es indispensable aclarar que la confusión entre “discrecionalidad” y “arbitrariedad” restringe la participación de oferentes y trunca el desarrollo profesional y empresarial, y en este enredo, la adjudicación de recursos en unos cuantos personajes mal llamados “empresarios” que desangran al Estado. Es lamentable reconocer que el comportamiento de los susodichos “empresarios” impacta negativamente sobre el gremio de la ingeniería, y lo que es peor, la conducta de estos personajes tramposos ha trastocado valores dentro de la sociedad y ha estigmatizado el ejercicio profesional.
Desafortunadamente, a la fecha, quien maneja recursos públicos tiene sus propios criterios de selección, y al amparo de las “facultades de discrecionalidad” que permite la ley, se definen “requisitos absurdos” que direccionan los procesos licitatorios, mediante supuestas exigencias de capacidad técnica, músculo financiero, factores de calidad, publicación de actos y documentos, visitas de obra y audiencias obligatorias. Estos son los pliegos de condiciones con dedicatoria y a la medida del futuro contratista, que atropellan además, la integridad personal y la trayectoria profesional de los otros oferentes. En alianza perversa y vergonzosa entre “ciertos funcionarios y contratistas”, se sesgan los procesos licitatorios. Y ante esta delicada situación, no podemos aceptar que la ingeniería está en crisis, el problema no es de la ingeniería, el conflicto radica en el modelo de contratación.
En hora buena, el actual Gobierno Nacional conformó la Agencia Nacional de Contratación y se propuso el decreto 1510 de 2013, pero, pretendió sin lograrlo, ser el decreto único de contratación, y al respecto debemos expresar nuestra enorme preocupación por la amenaza que se cierne sobre la pequeña y mediana ingeniería nacional, que es casi toda; por ello, en el periodo de transición insistiremos entre otros aspectos, en que debe primar el conocimiento y la experiencia, sobre la capacidad financiera.
Cabe resaltar que la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) como órgano consultivo del Gobierno Nacional ha ofrecido su concurso para la elaboración de los documentos de que trata el artículo 159 del mencionado Decreto 1510, entre ellos los pliegos tipo, que permitan no sólo la participación plural de oferentes sino la ejecución en condiciones adecuadas de tiempo, costo, calidad, y flujo de fondos; previa la maduración de los proyectos.
Por último, conviene anotar que la SCI ha manifestado que es bienvenida la inversión extranjera, pero con participación de la ingeniería nacional, la “inversión” no se puede confundir con el ofrecimiento de bienes y servicios extranjeros con “recursos nacionales”. Las Asociaciones Regionales de Ingeniería actuamos como gremio unido, velando por la creación de empleo, el desarrollo integral del país, y la lucha contra la corrupción.
Actuación de los gremios de ingeniería
Las Asociaciones Regionales en torno de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) aportamos las propuestas, se requiere la intervención de todo el país y de forma especial de los entes de control, pero, desafortunadamente la actuación de estas entidades obliga sólo a plantear situaciones jurídicas, cuando lo cierto es que lo importante no es el pleito sino la función social del Estado.