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Los costos de la guerra atraviesan toda la economía del país. Sin el conflicto armado, los departamentos tardarían en duplicar su Producto Interno Bruto (PIB) 8,5 años y no 18,5 años tal como lo hacen ahora. “Colombia ganaría una década de crecimiento”.
Esta es solo una de las conclusiones del libro ‘Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?’, de la Universidad de Los Andes. Este será presentado hoy en la institución por la decana de la facultad de Economía, Ana María Ibáñez.
El estudio se enfoca en los efectos que tiene la guerra sobre la industria manufacturera, la producción agrícola y la inversión extranjera, aspectos que han sido poco estudiados.
Aunque no se estima un costo total del posconflicto, sí se hace análisis sobre el impacto en la actividad económica desde la industria. Según el estudio, “los incrementos en aproximadamente tres ataques adicionales al año en un municipio aumentan la probabilidad de salida del mercado de las empresas manufactureras de ese municipio en 5,5 puntos porcentuales”.
Otro de los costos del conflicto es el lento crecimiento de los departamentos. Los autores indican que alcanzar la paz de manera absoluta, manteniendo incluso la violencia criminal, equivaldría a un aumento de 4,4 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento anual de las economías departamentales.
La producción agropecuaria también se ha visto castigada. “Los hogares modifican sus decisiones productivas en respuesta a los ataques directos de los grupos armados y a su presencia en la zona”, dice el informe Notas de Política, el cual presenta los resultados a partir del libro editado por Ibáñez, María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Daniel Mejía y Catherine Rodríguez. Otro de los hallazgos es que “los hogares con cuatro años de presencia de grupos armados tienen en promedio 7,4 puntos porcentuales más de tierra sin usar y 7,7 puntos porcentuales más de pastos subutilizados”.
La guerra no solo deja su huella en la actividad económica. Las consecuencias en la salud mental pueden ser devastadoras e incluso afectar las decisiones de inversión. Uno de los investigadores del libro, Andrés Moya, Ph.D en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad de California, encontró que entre más eventos de violencia más aversos al riesgo y más pesimistas son las personas sobre sus aspiraciones futuras. “Sí, se rinden, pero hay razones profundas y psicológicas”, dice Moya, quien realizó una encuesta a alrededor de 700 ciudadanos.
Estos efectos pueden tener implicaciones sobre los programas de reparación económica, porque al recibir los recursos de indemnización o las tierras las víctimas pueden no hacer las inversiones o involucrarse en proyectos. No tomar riesgos implica no acceder a oportunidades económicas y eventualmente caer en trampas de pobreza. La ley de víctimas que hizo este Gobierno puso más el foco en la atención psicosocial, pero aún hay pocos diagnósticos, poco personal calificado y poca prioridad, en opinión de Moya.
El desarrollo de un posconflicto sostenible no empieza mañana. Para Ibáñez, se necesita un Estado que funcione ya y no se están dando los pasos para que eso suceda por el momento.
Otra reforma tributaria para la reparación
Una encuesta del libro muestra que 70% de las personas piensan que deberían aumentarse los impuestos para cubrir los costos de la reparación. Según la decana de Economía, Ana María Ibáñez, no se está construyendo hoy en día un posconflicto sostenible porque el Gobierno ha respondido a políticas coyunturales, como por ejemplo, los subsidios al agro. Ahora que se está planteando una reforma tributaria para cubrir el hueco de $12,5 billones para 2015, se debe analizar otra que busque recursos para el posconflicto, que según Fedesarrollo representaría un incremento adicional del gasto en cerca de un punto del PIB ($7,2 billones).
Las opiniones
Ana María Ibáñez
Decana de Economía de la Universidad de los Andes
“Lo que se necesita es que el Estado funcione, pero ahora no se están dando los pasos para eso. Se está respondiendo más a políticas coyunturales”.
Andrés Moya
Profesor de la Universidad de los Andes
“El desplazamiento forzoso tiene un impacto devastador sobre la salud mental. No se toman riesgos, es decir, oportunidades económicas”.
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