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Así lo confirmó el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien reveló que “en 2014 se realizaron más de 800 investigaciones en las que fueron utilizados medios informáticos para la comisión de delitos contra la información y los datos contra el patrimonio, la administración pública, el orden económico y social”, dijo.
Agregó que “inicialmente se ha hecho una radiografía nacional y de criminalidad, y esto no se había hecho aquí en la Fiscalía hasta el año pasado. Con esto hemos identificado tres tipos de modalidad con gran impacto económico y social: Hurto por medio informático, accesos abusivos a sistemas informáticos que permiten la interceptación ilícita de comunicaciones y por último los señalamientos de injuria y calumnia que se hacen por medios informáticos”.
Así las cosas, se descubrieron 159 casos por violación a la protección de la información y los datos; 124 hechos contra la administración pública; 101 por afectaciones a la libertad individual; 80 por patrimonio económico; 73 por seguridad pública; 70 por delitos contra el orden económico y social.
25 hechos que atentaron contra la vida y la integridad personal; 12 por conductas contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario; 34 por afectaciones a la libertad, integridad y formación sexual; 21 contra la integridad moral y 16 por atentados a los derechos de autor.
El resto de investigaciones se adelantan por delitos contra la fe pública; los recursos naturales y el medio ambiente; la salud pública; la participación democrática; la eficaz y recta impartición de justicia; y el régimen constitucional y legal.
Por su parte, Sergio Silva, presidente de Microsoft Colombia, alertó que “el cibercrimen aumenta cada año un 50% por lo que más de un millón de personas están siendo afectadas por estos delitos y llevándolo a un mas allá cada segundo doce personas están siendo afectadas por este delito”.
Y es que de acuerdo con el Norton Report de 2013, más de 400 millones de personas son víctimas del cibercrimen en el mundo, lo que genera pérdidas por US$113 billones, incluso un estudio del IDC de ese mismo año estimó que los usuarios gastaron US$22 billones y por lo menos 1.5 billones de horas solucionando problemas de seguridad relacionados con software falsificado.
Para contrarrestar esta situación, la Fiscalía General de la Nación cuenta con dos grupos de tareas especiales, que en trabajo conjunto con la Dijin de la Policía Nacional, se encargan de la investigación de amenazas informáticas en contra de líderes sindicales, defensores de Derechos Humanos, periodistas y personas afines.
Actualmente se adelanta un plan de modernización y mejora del laboratorio de informática forense que permitirá la recolección y análisis de evidencias digitales aplicadas a delitos no sólo de carácter informático, sino de todos aquéllos en los que los se vean involucrados medios de almacenamiento de información.
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