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El mismo ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, afirmó que con el “golpe” que sufrió el proyecto, la solución más benéfica fue el acuerdo de liquidación al que se llegó, teniendo en cuenta que los proveedores y los más de 5.000 trabajadores del contrato no pagarán las consecuencias.
Precisamente por eso, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, afirmó que en esta ocasión la situación sería diferente, debido a que el proceso, que estaría adjudicado aproximadamente a finales de julio, tendría múltiples proponentes.
¿Cuál fue el acuerdo de liquidación al que llegaron?
Con el concesionario logramos hace unas semanas un acuerdo de terminación y ahora logramos un acuerdo de cómo devolverle los activos a la Nación. En esa parte es que se liberan los recursos que estaban en una fiducia para pagarle a empleados, proveedores y hacerles los pagos iniciales a los bancos.
¿De cuánto dinero se está hablando?
Tenemos que hacer las cuentas exactas, pero a los empleados se les debe entre $30.000 millones y $40.000 millones para los salarios atrasados y las indemnizaciones, porque ya no habrá más trabajo. A los proveedores, a rededor de $100.000 millones.
De las cuentas que se liberarán tras la liquidación utilizaremos aproximadamente $100.000 millones, primero para el pago de los empleados y el restante para los proveedores. Lo que falta se tomará de los peajes que están recaudando cerca de $10.000 millones mensuales. Ese valor, posteriormente, lo restaremos de las obligaciones que tenemos en la liquidación con la concesionaria.
¿Cuánto tiempo tomaría la liquidación?
Esperamos que el proceso de liquidación se abra a finales de abril. El Invías viene trabajando fuertemente con nosotros, vamos a reiniciar los trabajos en las zonas donde se estaba trabajando en la Ruta del Sol y el Invías le va a dar puntaje adicional a los que se comprometan a contratar a los trabajadores que ya no será contratados.
¿En cuánto tiempo se retomarían las obras?
Si logramos abrir la licitación hacia finales de abril, estas licitaciones en lo que se adjudican toman unos tres meses y yo creo que a finales de julio podríamos tener ya adjudicados los proyectos y se inician las obras.
¿Alguna empresa específica les ha mostrado interés por participar en la nueva licitación?
Yo creo que van a haber muchísimos interesados, porque este es un proyecto en el que ya se tienen comprados los predios, ya tiene las licencias ambientales y tiene muy pocos problemas. Yo creo que en esas licitaciones del Invías vamos a tener una gran participación.
¿Qué pasará con Odebrecht?
A partir de hoy el proceso de entrega de infraestructura empieza a realizarse y ya la responsabilidad y presencia de Odebrecht es prácticamente nula. Ellos siguen presentes en el contrato del río Magdalena, pero tenemos ya la audiencia final de caducidad del próximo lunes. Estamos muy cerca del final de la presencia de la firma en Colombia.
¿Qué pasará con la responsabilidad de la firma?
Como ellos han hecho muchas obras y los pagos del Estado han sido relativamente pocos, en el proceso de liquidación quedaría un saldo a favor de Odebrecht. Pero en el acuerdo de liquidación se dijo que ese saldo no se les va a pagar, sino que va a quedar en garantía para cubrir todos los problemas que generaron. El dinero que invirtió Odebrecht en Colombia no se lo puede llevar, esa se queda como garantía.
“Ocaña-Gamarra, uno de los mejores negocios hechos”
Uno de los temas más cuestionados con respecto a los contratos que se adjudicaron a Odebrecht fue el de la adición de Ocaña-Gamarra, en el cual se ha dicho que el actual fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habría asesorado a la firma. Pero el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, afirmó que este “ha sido uno de los mejores negocios para el país”, porque el Estado no puso dinero y los dividendos a los socios fueron de 7,8% y no de 11%, como estaba estipulado.
La opinión
Francisco Suárez
Consultor de infraestructura
“Para que no vuelva a pasar lo mismo hay que garantizar una mejor planeación del proyecto y un fortalecimiento de la agenda legislativa”.
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