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La integridad laboral se ha convertido en un desafío estructural tanto para el mercado laboral colombiano como latinoamericano
En Colombia, varias personas se encuentran en la búsqueda constante de empleo, pero no todas logran obtenerlo. Una de las principales razones es la falta de transparencia o irregularidades que se presentan durante estos procesos de selección, y está demostrado.
Es decir, el panorama de empleo enfrenta el desafío de la integridad laboral. Según el Reporte de Integridad Laboral 2024 de Midot, 270.000 candidatos fueron descartados de procesos de contratación por no cumplir con estándares mínimos de integridad, lo que convierte al país en líder de este fenómeno en Latinoamérica.
Este dato adquiere mayor relevancia al considerar que la tasa de desempleo nacional se ubicaba en 10,3% en junio, según cifras del Dane.
El informe, basado en la evaluación IntegriTest aplicada a 1,5 millones de candidatos en la región, reveló que 18% de los aspirantes colombianos fueron calificados como "no recomendados", mientras que 2% intentó manipular los resultados de la prueba.
A pesar de que estas situaciones no solo se presentan en Colombia, estos niveles superan los de otros países como Perú (17% no recomendados, 1% manipulaciones) y México (16% no recomendados, 1% manipulaciones).
Entre las irregularidades detectadas por Midot destacan alteraciones en datos personales y laborales. Los candidatos suelen exagerar o falsificar información sobre formación académica, experiencia previa y duración en empleos anteriores. También se detectaron inconsistencias en los grados académicos o niveles de especialización reportados.
Fernando Calderón, director regional de Midot, atribuye esta conducta a los desafíos económicos que enfrentan los buscadores de empleo. Explica que la necesidad de tener un trabajo los lleva a mentir y manipular las pruebas.
El problema de la integridad no se limita solo a los candidatos. Según el reporte, 2 de cada 10 directivos en las empresas cometen actos poco éticos, como fraudes o robos.
Las cifras de la Asociación de Certificadores de Fraude, Acfe, reflejan el impacto económico de estas conductas según el nivel jerárquico. Primero están los colaboradores, que generan pérdidas promedio de US$30.000 por caso, luego los gerentes o coordinadores con US$300.000, y por último los dueños o ejecutivos hasta US$675.000 por caso.
El impacto financiero es directamente proporcional al nivel jerárquico del perpetrador, haciendo crucial implementar estrategias de control y monitoreo en todos los niveles de las organizaciones.
Para enfrentar este problema, Calderón subraya la importancia de crear una cultura organizacional basada en tres pilares: cumplimiento de leyes y regulaciones, transparencia en todas las operaciones, y responsabilidad con colegas, clientes y proveedores.
El managin director enfatiza que "la tolerancia cero hacia las conductas indebidas y el liderazgo ético son esenciales para mantener la integridad empresarial".
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