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La semana pasada el presidente Petro estuvo muy activo en Twitter. Uno de los intercambios más interesantes ocurrió cuando el presidente le contestó al tuitero Carlos Pérez, quien trinó lo siguiente sobre la venidera reforma laboral: “Leo a muchos buenistas bienpensantes con ganas de explicarle a los micro y pequeños empresarios colombianos que deben aumentar los salarios que pagan (los más altos de la Ocde en términos relativos), para impulsar la productividad de sus trabajadores (la más baja de la Ocde).”
El punto del Dr. Pérez es que ya de por sí es muy difícil para las empresas micro y para los pequeños empresarios pagar el mínimo legal, implicando que será aún más difícil pagarlo si incrementan el costo de emplear legalmente aún más.
El presidente Gustavo Petro decidió inmiscuirse en la conversación. Las palabras de Petro: “No entiendo Juan Oviedo porque retransmites esta información. Lo que dice el cuadro que muestra Carlos Pérez no es que los salarios mínimos sean los más altos de la Ocde, ¡ufff!, sino que es el que más se acerca al promedio salarial”. Minutos más tarde el presidente añadió lo siguiente: “Es decir que dentro de toda la Ocde, Colombia es el país que más porcentaje de trabajadoras y trabajadores ganan menos que el salario mínimo.”
El presidente Petro dijo la verdad en su primer trino, y demostró su impresionante ignorancia sobre la ciencia económica en su segundo trino. Lo explico más a fondo. Quizás la mayor razón detrás del absurdo nivel de informalidad laboral que existe en Colombia está atado a la siguiente realidad: es casi imposible para una microempresa cumplir con todas los costos que implica contratar legalmente, pues son muy altos, y, además, la falta de existencia de un salario mínimo legal diferenciado por regiones implica que departamentos como Nariño o Chocó prácticamente no tienen ningún empleado en blanco, a diferencia de Medellín, Bogotá, o Barranquilla donde una amplia mayoría de empleados reciben salarios legales superiores al mínimo y con los beneficios correspondientes. Creo haber leído en alguna parte que en el Chocó solo los empleados que trabajan para Frisby reciben un mínimo legal.
El gobierno de Petro recita todos los días que uno de sus principales objetivos es disminuir la informalidad. Pero acto seguido anuncia que le va a poner aún más trabas a los empleadores que buscan lograr contratar en blanco a sus trabajadores, y el gobierno se niega a discutir la idea de implementar salarios mínimos diferenciales dependientes del ingreso medio de cada región del país.
Si Colombia quiere incrementar los índices de formalización laboral, necesita disminuir y no incrementar el costo de contratación. El hecho que este gobierno no logre entender este concepto tan sencillo es realmente deprimente. Pero no todo es malo.
La semana pasada fue la mejor semana para Colombia desde el punto de vista institucional desde que Petro tomó las riendas del país. Espáticamente, el Consejo de Estado derogó esa barbaridad de decreto que firmó Petro tomando el control del Creg, y la Corte Constitucional anunció, con votación 9-0, que actuará inmediatamente ante la aprobación de leyes que luzcan claramente anticonstitucionales, hecho que es “música para los oídos” de los inversionistas.
La semana pasada funcionaron las instituciones. Falta ver si el Congreso, la otra “gran institución”, cumple con su labor constitucional de evitar que Colombia caiga en una hecatombe.
