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Quede quien quede como el próximo Presidente tendrá que enfrentar retadores objetivos a nivel macroeconómico, de lo contrario la sostenibilidad fiscal, vía pago de servicio de la deuda y pensiones, se podría ver comprometida en el futuro.
De los rubros del Presupuesto General de la Nación (PGN) hay dos que son inamovibles, los asignados al pago del servicio de la deuda y al pago de pensiones.
El PGN 2022 suma $350,4 billones corrientes, de los cuales $209,1 (59,6%) son para gastos de funcionamiento, para servicio de la deuda son $71,7 (20,46%) y para inversión $69,6 (19,86%). Primera conclusión: aunque el presupuesto de inversión aumentó 18,8%, con respecto al año anterior, se asignó más al pago de la deuda (capital e intereses) que a inversión.
No es de extrañar el monto designado a deuda ya que, a raíz de la pandemia, solo en 2020 el déficit fiscal fue de $77,76 billones (por lo que la deuda aumentó en ese mismo monto) y solo en pago de intereses, para ese año, fueron $28,33 billones. Es decir, una parte de la deuda de cada año es para pagar deuda e intereses contraídos en el pasado. Es como cuando una familia hace un avance con tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. Es una bola de nieve.
Afortunadamente volvió a funcionar el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que tendrá que controlar estos desbalances fiscales. De lo contrario, y con el tiempo, el pago de la deuda podría convertirse en insostenible. Pero para que la regla fiscal funcione bien se necesita una Reforma Tributaria Estructural para obtener mayores ingresos y, además, una racionalización de los gastos de funcionamiento.
Por otro lado, en el PGN 2022 se asignaron $51,9 billones al pago de mesadas pensionales, de los cuales $19 billones corresponden a Colpensiones. El monto asignado al Régimen de Prima Media (RPM) o Colpensiones es la asignación de subsidios mas inequitativa que existe, según Anif. El 74% de los subsidios benefician al quintil mas rico de los pensionados (20% más rico), mientras que solo 0,5% se destina al quintil de pensionados que recibe bajas pensiones (20% más pobre). Es una redistribución del ingreso al revés. La reforma pensional estructural es necesaria.
Pero, de nada sirven las reformas estructurales para hacer más eficiente el uso de los recursos cuando parte de ellos se van en corrupción. Según Transparencia Internacional, Colombia en 2021 ocupó el puesto 87 de 180 países, con una calificación de 39/100, donde 100 es cero corrupción y 0 total corrupción. No hay país que progrese si se roban un porcentaje de los recursos destinados a que el país progrese.
Según un informe de Transparencia por Colombia, titulado “Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 -2020”″, solo en 367 hechos de corrupción analizados, de un total de 967, se han visto comprometidos $92,77 billones, de los cuales $13,67 billones ya se perdieron en 284 hechos de corrupción.
Independientemente de quien vaya a ser el próximo presidente, las reformas estructurales son necesarias para la sostenibilidad fiscal y la eficiente redistribución de los ingresos, pero unido a un “estatuto anticorrupción” que castigue fuertemente a los corruptos.
El próximo Presidente, pero también los parlamentarios, deben saber que fueron nombrados para el progreso de Colombia y no para su retroceso.
