Ajustes tributarios

Pese a que Colombia enfrenta una reforma cada 18 meses, siguen existiendo elementos de la estructura tributaria del país que deben mejorarse, según todos los estudios sobre este tema. Se dice, por ejemplo, que Colombia tributa poquito y que la carga tributaria del impuesto de renta recae principalmente en las empresas y no en las personas, como sucede en el resto del mundo.

En el primer caso, aunque esto sigue siendo cierto con respecto a la Ocde, cada vez lo es menos respecto de algunos de nuestros pares, gracias a las reformas de los últimos años. En efecto, Colombia pasó de una presión tributaria (ingresos tributarios incluyendo contribuciones sociales/PIB) de 17% hace un quinquenio a estar más cerca de 19% en 2023. Con esa cifra, aventaja a Perú (18%) y México (16,5%), pero está lejos aún de los niveles de Brasil, España o el promedio de la Ocde, donde se supera 30%. Todavía hay tarea por hacer en este frente para parecernos al club al que entramos recientemente.

En el segundo caso, las cifras indican que las empresas contribuyen con 75% del total del impuesto de renta y las personas con 25%. No obstante, el problema aparece aquí, cuando los diseñadores de política pública, al buscar cerrar esta brecha, cargan recurrentemente a los asalariados. Con la excusa de reequilibrar esta distribución de cargas, los gobiernos han concentrado los aumentos de la presión tributaria sobre los de siempre, los asalariados formales. Y es aquí donde debe buscarse una reformulación.

En efecto, si bien es claro que la carga tributaria recae sobre las empresas y las siguientes reformas deben reducir las tarifas corporativas (como acertadamente propone ahora el gobierno), para compensar no puede seguirse usando la misma receta de subir tarifas y recortar exenciones a los asalariados que ya han visto subir su tarifa efectiva en cerca de 10 puntos porcentuales en los últimos tres años.

Por ello, las siguientes reformas debe buscar, más bien, el aporte de todos los demás. En este caso, se vuelve fundamental revisar, en primer lugar, la forma como se gravan las rentas de capital, las rentas no laborales y las ganancias ocasionales, buscando mecanismos que reduzcan la elusión.

Y, en segundo lugar, volver a traer al debate elementos que permitan que tributen más los independientes y las personas no asalariadas. Por ejemplo, aquí podrían ayudar medidas para reducir el sobreuso del efectivo (como la prohibición de grandes transacciones inmobiliarias o de vehículos en efectivo) para que la Dian pueda tener trazabilidad de todas las operaciones, o ampliar la base de contribuyentes a tasas bajas. En este último caso, la idea no sería poner a tributar mucho a la gente de bajos ingresos, sino más bien, asegurarse de que las personas de altos ingresos no usen a los que están exentos de declarar para sus ejercicios de evasión.

Aunque no es una frase innovadora, el país requiere rápidamente una solución estructural a los temas tributarios. Para ello, hay que reducir la carga empresarial, para mejorar nuestra competitividad internacional, incrementar la carga de las personas no asalariadas, y elevar el recaudo.

En este último frente, una idea que hay que volver a traer al debate público es la búsqueda de recursos en el impuesto que se volvió innombrable desde el “estallido social” de 2021. Allí hay recursos que se están olvidando y que el país necesita.