Decisiones de gasto público

En teoría, el gasto público permite solucionar algunas fallas de mercado, funciona como herramienta de redistribución del ingreso y apalanca inversiones que no son rentables para el sector privado. En la práctica, en algunos casos, puede terminar siendo un instrumento que enriquece a unos pocos, a través de rentas capturadas, subsidios regresivos, o apalancando proyectos que tienen muy baja rentabilidad social.

En Colombia, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el gasto público ascendería hasta el 21% del PIB en 2020 (23,8% si se suman los gastos de la emergencia económica); niveles que no superan a nuestros pares regionales, que en algunos casos gastan más de 30% del PIB.

No obstante, es importante analizar las decisiones que hemos tomado como país en la composición de ese gasto. Por ejemplo, en 2020, (sin contar lo invertido en la emergencia) se distribuirá así: i) funcionamiento (15,8% del PIB), donde sobresalen los gastos de personal (2,5% del PIB) y las transferencias (12,6% del PIB), destacándose en este caso las que se hacen a las regiones mediante el Sistema General de Participaciones (SGP) por 4,3% del PIB y al sistema de Seguridad Social por 5,8% del PIB; ii) intereses de la deuda (3,2% del PIB); y iii) la inversión pública (1,9% del PIB).

Además, estudios del DNP (2017-2018) calculan que, de ese total del gasto, 9 puntos del PIB (43% del presupuesto) corresponde a subsidios públicos que no siempre llegan a las personas de más bajos ingresos, debido a que, entre otras razones, son subsidios pensionales regresivos o consecuencia de problemas de información en la base de datos del Sisben.

De estas cifras se infieren dos conclusiones. En primer lugar, como bien lo menciona la reciente Comisión del Gasto, la política presupuestal no contribuye a mejorar la distribución el ingreso. Y, en segundo lugar, el gasto público en Colombia es altamente inflexible a la baja.

En este caso, al sumar gastos definidos a nivel constitucional (SGP), legal (seguridad social), reputacional (intereses), los gastos de destinación específica, y los recursos para operar (gastos de personal) llegamos hasta 75% del presupuesto que no es posible reducir, por lo que cualquier política de austeridad termina es reduciendo la inversión pública (único rubro flexible), sacrificando la financiación de grandes proyectos y, con ello, el crecimiento potencial de la economía.

Ante esto, hay algunas posibles líneas de acción en las que coinciden los estudios técnicos. Por un lado, en el caso de los subsidios, actualizar la información de los hogares de forma periódica para poder “graduar” a los que ya no los necesitan y focalizar los recursos en quienes de verdad lo requieren.

Y, por otro lado, reformas que aligeren la inflexibilidad del gasto y redistribuyan mejor su composición: una reforma laboral, que incentive la contratación formal y reduzca la presión sobre el sistema subsidiado de salud, y otra pensional, que elimine la regresividad de los subsidios actuales que otorga el régimen público, manteniendo los derechos adquiridos y con un periodo de transición razonable.

Estas acciones ayudarían a que la política fiscal tuviera un papel en la redistribución del ingreso, pero solo aliviarían las presiones de gasto en una década, por la gradualidad de las reformas. Por ello, en el corto plazo, si queremos mantener la confianza de los mercados internacionales para financiar los niveles de gasto actual y los derivados de la pandemia, solo queda la posibilidad de recaudar mayores ingresos en los próximos años.
¡Las matemáticas son inequívocas!