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Como cualquier hogar, el Gobierno Nacional debe operar bajo la restricción que impone una ecuación básica: ingresos - gastos = déficit/superávit. De esta forma, si un país ha decidido gastar un determinado monto en provisión de bienes y servicios a través del presupuesto público, se deben garantizar unos ingresos (tributarios) que mantengan el superávit o que generen un déficit sostenible en el largo plazo. En Colombia, la Ley 819 de 2003 de “Responsabilidad Fiscal”, que creó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y la Ley 1473 de 2011 sobre la Regla Fiscal, dieron vida a instrumentos fiscales que buscan garantizar dicha sostenibilidad.
Sin embargo, la emergencia económica derivada de la Pandemia llevó a que el Ministerio de Hacienda suspendiera la Regla Fiscal. De esta forma, se pudo asimilar el golpe que representó la Pandemia para el país. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, los ingresos tributarios pasarán de 16,2% del PIB en 2019 a 15,6% en 2020, ante el menor crecimiento económico, y los gastos crecerán de 18,6% del PIB a 23,8%, por el mayor gasto de la emergencia económica. Así, el déficit fiscal pasaría del -2,5% del PIB a -8,2%.
El déficit por si solo no es una mala noticia en la medida que sea financiable y que se garantice que la deuda resultante sea sostenible intertemporalmente. En materia de financiación no hay un problema en el corto plazo. Los mercados permanecen abiertos y los recientes pronunciamientos de las Calificadoras de Riesgo permiten avizorar que mantendremos el grado de inversión por unos meses más, pudiendo mantener el costo del financiamiento en niveles razonables.
Pero, en materia de sostenibilidad intertemporal, las cosas no parecen tan sencillas. Si bien es totalmente lógico que en épocas de crisis como la actual, el Gobierno Nacional haga un mayor uso del gasto público financiándolo a través de mayor deuda (esta sobrepasaría 60% del PIB este año), para poder lograr la sostenibilidad intemporal se requiere que en los próximos años se siga una senda de ajuste. Y, según nuestra ecuación básica, eso solo pasa por dos opciones, subir los ingresos o bajar los gastos, lo que implica necesariamente una reforma fiscal.
En el caso de los gastos, debemos definir como sociedad qué nivel queremos asumir (a ello me referiré próximamente). En el caso de los ingresos, se necesita volver a crecer para elevar el recaudo en el corto plazo, pero adicionalmente, requerimos verdaderos ajustes estructurales al estatuto tributario para acercarnos al promedio de recaudo de América Latina que es 17% del PIB (vs. 13% de Colombia).
Si queremos mantener los incentivos a la inversión productiva en materia de tributación empresarial, quedan dos posibles frentes de reforma según estudios técnicos y las últimas comisiones tributarias. Por un lado, modificar la tributación de las personas, reduciendo el umbral para declarar (algo que eleva el recaudo levemente, pero sirve en términos de lucha contra la elusión-evasión). Y, por otro lado, elevar el recaudo del IVA, haciéndolo más eficiente (pues hoy su productividad apenas llega a 30%), al reducir el número de exenciones y extender la base gravable, aprovechando que ya quedó probada la estrategia de devolución a los hogares de menores ingresos.
Todos aplaudimos la acción del Gobierno con una política fiscal contracíclica en esta pandemia, pero la matemática es sencilla. Si queremos mantener el grado de inversión en 2021, es imperativo volver a crecer y empezar a sensibilizar, política y socialmente, la necesidad de un pronto ajuste fiscal.
