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Las micro, pequeñas y medianas empresas representan una parte muy importante del tejido empresarial de Colombia. Según datos recientes, ellas cuentan hoy por 99% del total de empresas, responden por 43% del PIB del país y por 83% del empleo.
De ese total, los micronegocios muestran las mayores dificultades para acceder a financiamiento. En efecto, según la encuesta de micronegocios del Dane (Emicron) de 2021, solo 18% de los micronegocios, que llegaban a 5,8 millones, solicitó préstamos. Esto muestra dichas dificultades, pero también evidencia un espacio grande para avanzar en profundización crediticia Mipyme.
Los que no solicitaron préstamos dijeron que las razones para ello pasaban por miedo a las deudas (43% del total), que no lo necesitaban (24%), que no cumplían los requisitos (20%) o que los costos eran muy altos (5%). Por su parte, los que lo recibieron, lo obtuvieron de entidades financieras supervisadas (53%), de prestamistas gota a gota (24%), de familiares o amigos (17%), de entidades microcrediticias (3%) o de proveedores (2%). Esa misma Emicron mostraba que el principal medio para transar en estos micronegocios era el efectivo (99%), aunque había habido un aumento reciente de los medios digitales (de 7% a 15% entre 2019 y 2021).
Los resultados de la Emicron permiten hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, sigue siendo preocupante la falta de educación financiera, la falta de cumplimiento de requisitos (alto riesgo de crédito) sigue siendo relevante para el acceso, los gota a gota aún tienen una porción importante de estos préstamos, y persisten altos niveles de informalidad.
Estas consideraciones se acomodan perfectamente con las barreras que enfrentan estos micronegocios para acceder al financiamiento y que han sido descritas en diversos estudios técnicos. Dentro de esas barreras sobresalen principalmente, la falta de garantías adecuadas, la poca información disponible, confiable y completa de los negocios, y la falta de educación en habilidades y conocimiento financiero.
Sin embargo, un estudio reciente de Eafit (Tamayo et. al, 2022) muestra una barrera adicional y es la falta de oportunidad para otorgar el crédito. Esto evidencia que los tiempos de respuesta frente a las pymes a veces no son adecuados, sobretodo en ambientes rurales donde la siembra y la cosecha tienen fechas específicas que no pueden esperar los procesos de aprobación crediticia o ecosistemas informales donde la transacción y la necesidad es diaria.
Por ello, si queremos saltar estos obstáculos, la política pública debe enfocarse en habilitadores como la conectividad, la masificación de las garantías (especialmente para el primer crédito) y la promoción de ecosistemas de datos abiertos en bases públicas y privadas. Esto debería ir unido a la creación y promoción de instrumentos como los scores de crédito con información alternativa y la capacitación en capacidades gerenciales de los negocios, entre otros. El sector financiero, por su parte, debería trabajar en la profundización de esquemas simplificados y ágiles de otorgamiento de crédito aprovechando la digitalización y los otros habilitantes que el sector público podría generar.
Al final, como en la mayoría de los casos, la solución a los problemas provendría de una asociación público-privada. Esta es la forma de avanzar hacia el mayor bienestar de los ciudadanos y sus negocios.