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Colombia ha tenido un gran avance en materia de inclusión financiera. Según datos de Banca de las Oportunidades, el acceso a algún producto financiero ya llega a 92% de la población adulta del país, 30 puntos porcentuales (pp) más que hace una década, y el uso activo se acerca a 80%.
Dentro de las explicaciones de este éxito hay dos razones que sobresalen. Por un lado, la pandemia agilizó esta profundización pues más personas requerían un producto para recibir su subsidio sin acercarse a un sitio físico. Y, por otro lado, el país ha asistido a una gran revolución en materia de inclusión gracias a la transformación digital y el esfuerzo del sector a través de la creación de billeteras y productos de trámite digital y simplificado.
No obstante, hay varias tareas que todavía quedan por hacer en este frente. Dentro de estas, aparece, en primer lugar, el cierre de la brecha de género que actualmente es de 7 pp.
En este caso, las entidades ya están trabajando en una oferta diferencial de productos para mujeres, pero también se debe avanzar con política pública en dos aspectos adicionales. El primero es diseñar programas y líneas de trabajo público-privadas que ayuden a romper el sesgo cultural que hay en contra de las mujeres. En efecto, un estudio reciente de Banca de las Oportunidades encontró que hay sesgos cognitivos de los asesores comerciales y de autoconfianza de las propias mujeres que reducen su oportunidad para acceder al sector y que explican también su alto nivel de autoexclusión del sistema financiero formal.
Y el segundo aspecto es avanzar en una política que genere incentivos para reducir esta brecha desde su fuente natural que es el mercado laboral, fomentando la empleabilidad femenina formal y permanente y reduciendo las brechas salariales con los hombres.
En segundo lugar, persiste la tarea de cerrar la brecha geográfica, entre los centros urbanos y la ruralidad. En efecto, mientras las ciudades más pobladas del país tienen niveles de inclusión financiera de más de 95% de la población adulta, en zonas rurales no llega a 70% y en la ruralidad dispersa con dificultad se acerca a 60%.
Aquí se ha podido avanzar recientemente con temas como la corresponsalía bancaria móvil, pero para poder masificar el crecimiento se requiere una política pública que eleve decididamente los niveles de conectividad de las zonas rurales del país, para que la digitalización que ayuda tanto en las ciudades también haga su labor en el campo.
Finalmente, persiste una tarea por incluir financieramente a los migrantes que llegan al país. Actualmente, hay una brecha de 49 pp entre los colombianos y los migrantes en inclusión financiera, que significa que solo la mitad de los migrantes radicados en el país tiene acceso a algún producto financiero.
En este caso, las entidades los han incluido a través de sus productos simplificados, pero para avanzar se requiere desatar cuellos de botella que van por el lado de tener un documento de identificación claro de los migrantes y de involucrarlos en nuestro mercado laboral formal.
En síntesis, luego de los notables avances en inclusión financiera agregada, es fundamental el cierre de brechas como la de género, la urbano-rural y con los migrantes. Para lograr esto de forma rápida, como en muchas otras cosas, se requiere de un verdadero trabajo articulado entre el sector público y el privado.