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El país ha avanzado significativamente en materia de inclusión financiera en la última década. En 2022, las estadísticas de Banca de las Oportunidades (BdO) mostraban que 92% de los adultos del país, es decir 34,5 millones, tenían al menos un producto financiero. Gran parte de ese logro ocurrió gracias a la transformación digital del sector financiero, pues las cuentas simplificadas, de bajo monto y apertura digital ya llegaban a 23 millones de los adultos del país.
No obstante, uno de los grandes desafíos que permanece es la inclusión crediticia. Las mismas cifras de BdO mostraban que todavía 24 millones de adultos no tenían acceso a un crédito en 2022. Es decir, ha ocurrido un gran avance en inclusión a través de productos de depósito para realizar transacciones, pero solo unan tercera parte de los que tienen estos productos alcanzan también a tener crédito.
Para avanzar en el propósito de reducir esta brecha se debe trabajar, al menos, en dos tipos de medidas: las que reduzcan el costo de fondeo de las entidades y las que mitiguen el riesgo de crédito.
En el primer caso, una de las estrategias principales parte de una política pública que fomente el uso de los bancos públicos de segundo piso a través de líneas de redescuento que disminuyan el costo de fondeo de las entidades financieras. En la Pandemia se trabajaron algunas de estas líneas para regiones o ciertos sectores con éxito y este Gobierno también quiere darle un impulso.
En el segundo caso, las aproximaciones son más variadas. Desde el lado gubernamental, una estrategia que masifique el uso de garantías (vía Fondo Nacional de Garantías o Fondo Agropecuario de Garantías) para el primer crédito de personas y empresas, usando la buena experiencia del programa de emergencia creado durante la pandemia (“Unidos por Colombia”) podría tener muy buenos frutos.
Además, se podría facilitar el uso de más y mejor información para calibrar de mejor manera las calificaciones de crédito de los deudores. Aquí el ecosistema de datos abiertos (Open Data) que está promoviendo el Gobierno en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo ayudaría a tener información de fuentes alternativas con gran potencial como las de las compañías de telefonía celular y las propias bases públicas (en la Dian y el DPS).
Finalmente, las propias entidades financieras podrían avanzar decididamente, como ya están haciendo algunas, en esquemas de scores crediticios con información alternativa, como datos celulares, de geolocalización, de redes sociales, entre otras.
El Gobierno Nacional (uniendo varios ministerios y BdO) ya está trabajando en una estrategia para la economía popular que incluye justamente redescuento y garantías y que lanzará muy pronto. Al final, profundizar en estas estrategias, que combinan política pública e iniciativa privada, es el camino para avanzar en irrigar más créditos, especialmente a sectores tradicionalmente subatendidos, como los micronegocios y el sector rural del país.
