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El panorama económico de 2023 se vislumbra desafiante, tanto en el ámbito local como externo. Como lo han venido señalando analistas y entidades multilaterales, el alza generalizada de las tasas de interés, la persistencia de la inflación y la prolongación de la guerra entre Rusia y Ucrania son solo algunos de los factores que han generado un deterioro en las expectativas de crecimiento y acrecentado los temores sobre la materialización de una recesión en los países desarrollados. En particular, las encuestas realizadas a analistas por la agencia Bloomberg reportan que existe un 80% de probabilidad de recesión en la Zona Euro y de 60% en Estados Unidos, cifra que se suma al bajo crecimiento de 0,5% estimado por la Reserva Federal para este último país.
Esta desaceleración de la economía global se espera que tenga en Colombia repercusiones sobre el comportamiento de la inversión y las ventas externas, aun pese a que el levantamiento de las medidas de cero covid en China podría atenuar la pérdida de tracción de la actividad económica mundial. En nuestro país, el agotamiento del impulso fiscal y monetario, que contribuyó a la rápida recuperación frente a la crisis generada por la pandemia, llevará a que el consumo de los hogares, y por ende sectores como el comercio, la industria y el entretenimiento, se expandan a un menor ritmo el próximo año. Así las cosas, para Colombia, según la última encuesta a analistas realizada por el Banco de la República, se espera una tasa de crecimiento real para 2023 en el rango 1%-1,8%, cifras que, cabe anotar, están sujetas a riesgos bajistas que, de materializarse, llevarían a la actividad productiva a un ritmo de crecimiento más cercano a 0,5%, como lo ha advertido el Emisor.
Pese a que algunos factores como la normalización de las condiciones climáticas en la primera parte del año, la gradual reducción de la inflación, el final del ciclo alcista de tasas de interés y los altos precios del petróleo, atenuarían la ralentización económica, no deja de preocupar que a los riesgos externos se sume la incertidumbre respecto al futuro a corto y mediano plazo de nuestro sector minero energético. En este sentido, la mayor carga tributaria que enfrentará esta rama de actividad en los años siguientes podrá afectar su dinámica de inversión y producción, lo que obliga a que las autoridades, con prontitud, determinen claros lineamientos de política pública para el sector.
Sumado a lo anterior, para impulsar el crecimiento en medio de un contexto marcado por el encarecimiento del crédito externo, menores niveles de liquidez y expectativas de menor inversión directa dirigida hacia países emergentes, será fundamental que el Gobierno genere las condiciones necesarias para aprovechar el fenómeno de relocalización de la producción global, pues al atraer capital con vocación productiva podremos, de manera gradual, reducir los déficit gemelos, además de financiar las necesidades del Estado y las empresas a menores costos. Por último, el trámite de reformas estructurales al sistema de pensiones y salud requerirá de análisis con una buena fundamentación técnica, que consideren los avances hechos en los últimos años y las implicaciones de no construir sobre lo construido. De alcanzar este propósito, el país podrá salir fortalecido en un año que, como ya se vislumbra, vendrá cargado de grandes retos.