Políticas regionales

Cuando algunos colombianos viajan fuera del país hacia las capitales del mundo desarrollado, un pensamiento que parece venir a la mente es que el país, pese a sus problemas de movilidad e inseguridad, no estaría tan lejos del nivel de aquellas ciudades. Elementos cotidianos similares como la conectividad a internet, el comercio de bienes y servicios, el funcionamiento y calidad de colegios privados y hospitales, o que se puede hacer uso de un sistema de pagos digital y un transporte masivo medianamente organizado parecieran llevar a esa conclusión.

Sin embargo, esa percepción es solo correcta si se viaja desde algunas zonas de Bogotá o de las principales capitales del país. El resto afronta una realidad diferente. En zonas de bajos ingresos de esas grandes ciudades o de ciudades intermedias, en zonas rurales y zonas de frontera, los ciudadanos enfrentan día a día preocupantes necesidades primordiales. Ejemplos de esas necesidades en amplias zonas del territorio son que en muchos hogares los niveles de alimentación son inferiores a tres comidas diarias, hay una conectividad limitada a internet y la cobertura educativa y la inclusión financiera son todavía bajas.

Ante esto, la política de desarrollo del país debería entonces trabajar en temas transversales nacionales, pero con un enfoque basado en nuestra heterogeneidad territorial. A nivel nacional, la política pública debe concentrarse principalmente en garantizar la seguridad a lo largo y ancho del territorio, fortaleciendo la Policía Nacional, mejorar la dotación de infraestructura multimodal, y nivelar la cancha o mantenerla nivelada en políticas estratégicas de protección social, educación e incluso de desarrollo sostenible y productivo. Aquí, la fuente principal de financiación debería ser el Presupuesto General de la Nación. A todo ello sumaría, mantener la estabilidad macroeconómica, garantizando el crecimiento económico y la generación de empleo con bajos y estables niveles de inflación.

A nivel regional, las políticas de desarrollo deberían basarse en una hoja de ruta nacional, pero implementadas localmente, usando el conocimiento de las autoridades regionales sobre cuáles son las prioridades y cómo avanzar en medidas efectivas que incluyan también la diversidad cultural de cada región. Estas políticas implicarían proyectos que se podrían cofinanciar, siguiendo experiencias internacionales, donde el Gobierno Central ponga 60%-70% y el Gobierno Local 30%-40% restante, a través por ejemplo de sus recursos de regalías. Algunos dirán que este arreglo ya existe institucionalmente, usando los llamados Ocad. No obstante, pese a algunos avances, la realidad sigue siendo tozuda: las brechas regionales persisten y en algunos casos se ahondan. Por ello, luce apremiante que un órgano técnico nacional como el DNP pueda diseñar una hoja de ruta clara y la ejecute en articulación con las autoridades regionales, pero siguiendo un orden supranacional basado en estudios técnicos. Todo ello, con acompañamiento de órganos de control que garanticen que los recursos se usen en lo que toca y no en caprichos políticos.

La heterogeneidad regional es uno de los grandes desafíos del país y la política pública debe enfocarse en su solución. Es momento de cerrar ese círculo vicioso donde el progreso de los ciudadanos está muy correlacionado con el azar del lugar del país donde se nace.