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La tecnocracia es un conjunto de profesionales que lideran o hacen el trabajo técnico (económico, legal o ingenieril) en entidades públicas, gremios, centros de pensamiento y organismos multilaterales, usando la evidencia y los datos. De esta manera, diseña y empuja la política pública de un país articulándose con los actores políticos.
En el caso colombiano esta tecnocracia ha venido creciendo en las últimas décadas, más allá de color político o escuela de pensamiento. Además, esa tecnocracia es bogotana, pero también vallecaucana, antioqueña, costeña, santandereana o de otras regiones del país.
La tecnocracia colombiana es ampliamente respetada a nivel latinoamericano pues se le asocia al importante progreso de Colombia en los últimos 35 años en materia de crecimiento económico, bienestar y anclaje de la inflación.
A nivel interno también es respetada por el sector privado y un sector de la opinión. No obstante, sus detractores le achacan la elevada desigualdad del país y los malos resultados en algunos frentes específicos.
Lo irónico es que muchos de esos detractores, que hoy se quejan de que no los dejan avanzar con sus reformas, han sido los que en los últimos años han impedido, en los escenarios políticos, llevar a cabo las reformas que la tecnocracia ha propuesto para avanzar en temas como las pensiones, la salud, la tributación, la formalización, entre otros. Al final, lo que esto refleja es una característica fundamental de la tecnocracia: su respeto por el juego democrático, aunque este no la deje bien parada.
Esa tecnocracia es la que hoy advierte sobre la inconveniencia de la reforma al sistema de transferencias territoriales y la que muchas voces quieren rotular como enemiga de la descentralización.
Pero es todo lo contrario. Los tecnócratas sabemos mejor que nadie que si queremos superar la desigualdad territorial debemos profundizar la descentralización. El problema es que la reforma actual no lo hace, sino que es una cuenta sin fondos que va a resultar en un empobrecimiento de las regiones de donde muchos venimos.
Una mayor descentralización que ayude a las regiones y disminuya la heterogeneidad territorial debe arrancar por definir las responsabilidades y competencias que puede asumir cada municipio y departamento de acuerdo a sus objetivos y las preferencias de su población. Posteriormente, debería verificar que puede fondearse con el esfuerzo propio, evitando la pereza fiscal, y luego si establecer lo que se trabajaría con el apoyo de las transferencias que vienen de la Nación, definiendo en ese momento cómo se debe cuantificar si hay un monto requerido adicional frente a lo que ya se transfiere. De hecho, ese apoyo no debe ligarse a los Ingresos Corrientes de la Nación porque estos podrían caer (¿qué tal que haya otra pandemia?). Más bien, deberían crecer en términos reales para asegurar el mantenimiento de los logros sociales.
Y todo esto debe ir acompañado paralelamente de una profundización de la tecnocracia territorial que ejecute los proyectos y controle transparentemente el uso de los recursos. Solo así, se logrará una descentralización exitosa en materia de bienestar para las personas.
No desviemos el debate. Profundizar la descentralización es el camino. Pero, hacer promesas imposibles de cumplir sobre recursos que no van a llegar, solo va a generar más frustraciones en los habitantes de nuestros territorios.