Una tarea de todos

Siempre que en los medios aparece un escándalo de corrupción con recursos públicos, las personas se rasgan las vestiduras y anotan insistentemente que esa es la razón por la cual el país no progresa. A estos se suma el coro que menciona que más que nuevas reformas tributarias lo que se requiere para devolver el equilibrio fiscal al país es reducir la corrupción que cuantifican (no sé cómo lo hacen) en cifras que mágicamente superan los $50 billones.
Evidentemente, siguiendo la lógica de Pambelé, es mejor que no se pierdan los recursos públicos. No obstante, más allá de la indignación de las redes sociales, el primer deber de todos como ciudadanos es trabajar, desde nuestro propio circulo personal, por reducir la corrupción en todos los actos públicos y privados.

Es simpático ver que muchos de los que se indignan en redes sociales son los que prefieren que no les hagan factura, para ahorrarse el IVA, o son los que se saltan el semáforo en rojo porque llevan afán, o los que prefieren no hacer la cola porque son demasiado “importantes” para ello. La corrupción no es un fenómeno solo de resorte público, sino que está presente en muchas de nuestras actividades, por ello es tan complicado desterrarlo.

Algunos dirán que la solución proviene de nuevos estatutos, leyes o cualquier otro instrumento legal nuevo. Sin embargo, al contrario de nuestra tradición legalista que se basa en que cada problema se resuelve con una nueva ley, creo que la solución pasa más por aplicar con rigor las leyes que ya existen y por incentivar un cambio de comportamiento en toda la sociedad.

Por ejemplo, en el plano fiscal, es necesario que más personas paguen impuestos, así sea un bajo monto, para que se genere un verdadero sentido de pertenencia con los recursos públicos (es triste que una de las leyes menos mediáticas de cada año es justamente la más importante: La Ley de Presupuesto), se debe incentivar el uso de formas de pago electrónicas y digitales y reducir el sobreuso del efectivo que oculta transacciones, y deben fortalecerse, como ya se ha venido haciendo, los sistemas de información de la Dian para poder identificar y “poner en cintura” a quienes no tributan lo que deberían.

En un plano más general, se requiere, por un lado, elevar el precio que se paga por hacer trampa, con multas o sanciones que de verdad se apliquen. Y, por otro lado, es necesario empujar un cambio de comportamiento en todos los colombianos, con programas pedagógicos masivos que recalquen la importancia de la ética en las situaciones públicas y privadas, educando a las nuevas generaciones sobre la importancia de cumplir nuestros deberes como ciudadanos, y con un compromiso del sector privado, el sector público y los medios de señalar al “vivo”, que se quiere aprovechar de todo, y aplaudir al que cumple con todas sus obligaciones.

Al final, el mensaje es que la corrupción es un fenómeno incrustado en nuestra sociedad y que cambiarlo es una labor lenta y compleja. Por eso, las decisiones de corto plazo no pueden tener como respuesta el consabido “eliminemos la corrupción”, sino que deben basarse en reformas estructurales. En el mediano plazo, si es tarea de todos trabajar por ese loable objetivo sin olvidar que es una labor de largo aliento y que requiere persistencia, porque no hay atajos hacia el progreso y el desarrollo.