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El sector de las telecomunicaciones atraviesa por un momento complejo en Hispanoamérica. Los actores de esta industria enfrentamos diversos retos para garantizar nuestra sostenibilidad financiera y continuar desplegando las redes de fibra óptica y de 5G que la región requiere para mantener su competitividad.
En Chile, probablemente el mercado más avanzado, existe consenso sobre la situación del sector. No parece extraño, en este contexto, que haya sido el propio regulador (Subtel) quien haya reconocido la necesidad de revisar un marco regulatorio que “tiende a asfixiar a la industria” . No se trata de una situación excepcional la de Chile.
En Colombia, en 2023, las autoridades entendieron la necesidad de ajustar el precio del espectro para sostener la inversión y la competencia. Con el mismo propósito, Telefónica y Tigo acordamos en este país integrar nuestras redes móviles, para incrementar nuestra eficiencia. Estas decisiones han mejorado el panorama en Colombia, pero los desafíos de sostenibilidad subsisten en toda Latinoamérica.
No se trata de un problema que deba preocupar únicamente a los operadores o a sus accionistas. La pandemia puso de manifiesto la importancia del acceso a internet. Invertir en infraestructura de telecomunicaciones es probablemente la mejor estrategia para acelerar la reducción de desigualdades sociales e incrementar la productividad de nuestras economías.
Según recoge el Informe sobre la Sociedad Digital en América Latina 2023, elaborado por Fundación Telefónica Movistar , un aumento de 1% en el índice de digitalización en un país se traduce en un crecimiento económico de 0,3% del PIB. A nivel del tejido productivo, el Sondeo de Adopción Digital de Movistar Empresas identifica que 90% de las Pyme en Hispanoamérica consideran relevante su digitalización. Pero si los beneficios sociales y económicos de la conectividad digital son tan evidentes, ¿cómo enfrentar los desafíos actuales, para que las inversiones fluyan al sector?
El cambio regulatorio es no sólo imprescindible, sino inevitable
Los operadores tenemos que reinventar nuestros modelos de negocio para recuperar la rentabilidad. Se trata de un gran desafío si se tiene en cuenta, como destaca la consultora Nera, que mientras el tráfico en nuestras redes aumenta a doble dígito anualmente, los ingresos de la industria descendieron 38% entre 2012 y 2022.
Desde que en 2019 comunicamos nuestra intención de revisar la forma en que atendemos Hispanoamérica, hemos apostado por el desarrollo de alianzas, la compartición de las infraestructuras fijas y móviles, el uso más eficiente del espectro y aceleramos el despliegue de redes fijas y móviles de nueva generación. Gracias a esto hemos sido actores esenciales para el incremento de la penetración de la fibra en Chile, Colombia, Argentina y Perú, así como el desarrollo de 5G en México, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay.
En segundo lugar, es imprescindible que este esfuerzo de transformación industrial sea acompañado por autoridades y reguladores. La visión con que los hacedores de políticas en Chile y Colombia han reconocido la necesidad de revisar sus marcos regulatorios debe venir acompañada de reformas que alineen las expectativas recaudatorias de los Estados con la capacidad contributiva de los operadores, racionalicen las exigencias regulatorias, transformen las normas de portabilidad, faciliten la compartición de infraestructuras y habiliten medidas para generar operadores más fuertes.
Estoy convencido de que el camino que han decidido acometer Chile y Colombia inspirará movimientos semejantes en la región. Precisamente, en Argentina el gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia 690, que habilitaba la regulación de precios en el mercado móvil, y ha anunciado su intención de llevar adelante un amplio programa de desregulación.
El cambio regulatorio es no sólo imprescindible, sino inevitable. Hispanoamérica merece estar mejor conectada. Requiere mercados saludables y operadores capaces de invertir, comprometidos a largo plazo con la inclusión digital.
