La inteligencia artificial en el Congreso

A propósito de las discusiones actuales sobre los usos y la utilidad de los sistemas de inteligencia artificial (IA), vale la pena contarle a los colombianos que el pasado mes de junio en Chile se empezó a implementar un piloto en el Congreso de apoyo a la labor parlamentaria con IA. Según la Cámara de Diputados chilena, “la iniciativa entrega eficiencia, transparencia, innovación y cercanía a la ciudadanía”, todos aspectos en los que nosotros en el Congreso de la República de Colombia tenemos oportunidad de mejora.

Diversos estudios han demostrado que la adopción de instrumentos de inteligencia artificial, a saber, los language models, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial generativa, probablemente de lugar a una mayor productividad y eficiencia.

La labor parlamentaria puede ser bastante ineficiente: hay demasiada información, documentos y datos para tramitar, gestionar y administrar. El primer paso hacia el aprovechamiento de la tecnología para mejorar en nuestra labor debe ser la digitalización de la actividad legislativa. Esto ya lo estamos buscando promover en el Congreso colombiano, por ejemplo, con la aprobación de una ley que modifica nuestro reglamento, la Ley 5 de 1992, para habilitar el uso de herramientas tecnológicas y digitales en las actividades parlamentarias.

El siguiente paso deberá ser garantizar un servicio de internet fijo óptimo y equipos de calidad para poder implementar sistemas de IA en el uso diario de la actividad legislativa. Los sistemas de IA para el procesamiento de datos y la generación de información analítica requieren gran capacidad de cómputo y velocidad de la red. Entonces, la implementación de IA en la labor legislativa deberá estar precedida del aseguramiento de tecnología y redes adecuadas.

El uso de IA nos permitiría, por ejemplo, implementar una metodología de identificación de duplicidad en iniciativas legislativas y proposiciones de modificaciones para acumularlas y no tener que tramitarlas en su totalidad. Podría permitir contrastar jurisprudencia constitucional y leyes vigentes para revisar si hay vacíos normativos o contradicciones entre leyes y jurisprudencia que deban sortearse. La IA también puede ayudar a identificar tendencias, evaluar el impacto de políticas y leyes propuestas, y predecir los posibles resultados de decisiones legislativas, todo lo cual serviría para la sustentación y justificación de los proyectos. Además, podría automatizar tareas repetitivas, como la redacción de informes o la clasificación de documentos, liberando tiempo para que los parlamentarios se concentren en aspectos más estratégicos de su labor.

Ahora bien, tenemos un reto que también debe abordarse y es la desconfianza que surge del desconocimiento y la desinformación en relación con la IA. Para asegurar la confianza en el uso de IA en el proceso legislativo, es necesario garantizar marcos éticos y de transparencia claros. La transparencia es fundamental; los ciudadanos deben saber cómo y por qué se utilizan herramientas de IA en la toma de decisiones legislativas. Además, es esencial garantizar que la IA sea imparcial y que sus algoritmos no perpetúen sesgos o desigualdades. Debe mantenerse un equilibrio entre la automatización y el juicio humano, asegurando que las decisiones finales en el proceso legislativo sean siempre responsabilidad de los parlamentarios electos, quienes deben rendir cuentas a sus electores.

Finalmente, la ciberseguridad es un factor clave. Al digitalizar todo y usar sistemas de IA, nos exponemos a nuevos y distintos riesgos, como por ejemplo el secuestro de información, el hackeo, o incluso la alteración de la información que reposa en dichos sistemas. A la par que se implemente la IA en la actividad parlamentaria deben adoptarse las medidas más adecuadas de seguridad digital.

A mi juicio, los parlamentos estamos en mora de lograr la transformación digital en sus servicios y actividades tanto legislativas como administrativas para brindarle al país una labor más productiva, eficiente, transparente y que atienda necesidades imperantes y tenga impacto positivo en la sociedad.