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La lucha contra la criminalidad ha tenido mucho de discurso y poco de avances concretos. Además de recrudecer penas y de proponer cambios culturales y educativos, el beneficio económico siempre será un incentivo que terminará corrompiendo mentes.
Existe una forma audaz para acabar, o al menos reducir al máximo, la ilegalidad: llegar a la trazabilidad absoluta de las transacciones financieras, lo que implicará acabar con el uso del efectivo.
Los sobornos se suelen pagar en maletas repletas de billetes; igualmente, así se pagan los billones del narcotráfico y del contrabando; jamás se pagarán con transacciones bancarias delitos como la extorsión y el secuestro; y muchos evaden sus obligaciones fiscales con cantidades enormes que pueden convertir en activos fácilmente ocultables y viceversa. La falta de resultados ante tantas formas de ilegalidad genera, sin pensarlo, una gran desconfianza en el sistema democrático.
Existen retos evidentes en el intento de terminar con el efectivo: los altos costos de las transacciones bancarias (en especial para la mayoría de segmentos poblacionales), la falta de educación financiera y una precaria aunque creciente accesibilidad a sistemas de información, además de una baja cobertura de la red en la gran mayoría de zonas de países en vías de desarrollo. Muchas de ellas se irán superando con el rápido avance tecnológico.
Este cambio debe ser paulatino y para un período de transición propongo un modelo con varios componentes:
a) Dar beneficios tributarios a los pagos trazables, con un descuento porcentual que se haga efectivo y visible en la misma factura, generando un impacto inmediato.
b) Gravar impositivamente los pagos en efectivo, para desincentivar el uso del mismo. Para evitar la fragmentación de pagos, debería hacerse para todos los montos.
c) El Estado debe dar ejemplo y obligar a que todos los pagos propios, salientes o entrantes, se hagan a través de plataformas electrónicas o digitales.
d) Las autoridades monetarias deben comenzar a reducir la cantidad del efectivo en la economía que puede oscilar entre 7% y 10% del PIB. En un lapso determinado, el objetivo debería ser llevarla a cero.
e) Una manera en la que se puede volverle difícil la vida a los ilegales es la reducción en la denominación de billetes y monedas. El uso de los ciudadanos de estos medios de pago en su día a día es para transacciones (transporte, alimentación) que no requieren billetes de altas denominaciones como los que existen en nuestra y muchas economías. Y quien tiene muchos de esos billetes a su disposición debería, por naturaleza, estar incluido dentro del sistema financiero, sin riesgos de seguridad ni perdiendo valor en el tiempo.
Por último, se hace fundamental para este fin el apoyo de dos protagonistas: por un lado, el sector financiero, que debe crear consciencia del alto costo de sus servicios,una talanquera grande para que ciudadanos, especialmente de bajos recursos, accedan a los mismos. Además, deben trabajar en mejorar la seguridad de las transacciones electrónicas, un temor real de muchos usuarios en pleno apogeo de los delitos virtuales. Es obligatorio, igualmente, que el sistema financiero cumpla su promesa de “conocer a sus clientes”, pues no puede aceptarse que se legalicen fortunas oscuras ante la mirada impasible de sus funcionarios.
De otro lado, debe existir un intercambio fluido de información entre Estados sobre cuentas bancarias y activos, en un propósito trasnacional de vencer esos delitos.
No puede existir espacio impune para la criminalidad. Se requiere determinación y voluntad. Una idea audaz puede ayudar.
