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Reconocer y respetar los espacios de autonomía para la persona y las organizaciones de la comunidad y sociedad civil, son premisa básica para construir un proyecto político de vocación democrática.
Allí donde no se potencia ni se valora la autonomía de las personas, familias, vecindarios, iglesias, empresas, gremios, sindicatos, medios de comunicación, estamentos educativos y ramas del poder público, la sostenibilidad de la democracia está en riesgo.
La autonomía es punto de partida para generar riqueza económica real, construir agenda social incluyente, profundizar la sostenibilidad energética, alimentaria y ambiental de una comunidad local, regional, nacional o hemisférica.
La autonomía es plataforma legítima para promover la solidaridad al servicio del bien común y la dignificación de la persona.
La solidaridad y el acto de solidarizarse son estériles cuando se las trata como deberes de obligatorio y aburrido cumplimiento; en contraste, cuando a la solidaridad y al acto de solidarizarse se les reconoce como un derecho que todas las personas y las organizaciones pueden ejercer de manera autónoma y responsable, ayuda a profundizar el sentido de la participación y responsabilidad social con la gestión del bien común.
El Estado y gobernantes de turno, agitando ideologías de izquierdas cada vez más siniestras o de derechas cada vez menos diestras, han querido monopolizar de manera excluyente la gestión de lo social y materialización de la solidaridad.
Lo social al servicio instrumental y adjetivo del Estado, el Estado Social, ha devenido en “ogro filantrópico” con una burocracia lerda, pesada, obstructiva, prepotente e inoperante.
¿Qué tipo de aberrante dinámica puede generarse cuando se acuñe el concepto de ¨Estado Solidario¨?
Sin sociedad y comunidad civil autónomas, la solidaridad se reduce a prédica asistencialista y empobrecedora perdiendo su potencial liberador y creativo.
Ejercer el derecho a solidarizarse desde la autonomía de los sujetos y hacerlo de manera socialmente competente, profundiza valores y prácticas democráticas y genera un ambiente de creatividad empresarial propiciatorio de la sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad energética y sostenibilidad alimentaria: el pentagrama de la sostenibilidad.
No debe sorprender constatar que actores gubernamentales, desde su coyuntural ejercicio del poder, quieran socavar la autonomía de diversos actores y protagonistas de la vida social y comunitaria; la tentación totalitaria está al orden del día para los que convierten el poder en un fin por sí mismo.
Lo que sí debe asombrar e inquietar es que sujetos de la sociedad y comunidad civil se queden pasmados, casi petrificados, ante los embates autoritarios de actores gubernamentales.
Más y mejor democracia en América Latina en general, y en Colombia en particular, necesita sujetos civiles prestos a defender sus espacios de autonomía y a ejercerlos de manera responsable con un horizonte de compromiso con la construcción del bien común y de dignificación de la persona.
Sin autonomías, el autoritarismo se apoltrona, la pobreza galopa, dependencias y servilismo se vuelven costumbre, la democracia languidece y la economía colapsa.
