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Esta semana ha tomado temperatura el tema territorial toda vez que el Congreso discute el acto legislativo para reformar el Sistema General de Participaciones -SGP-, proponiendo aumentar el porcentaje de recursos transferidos a municipios, departamentos y distritos hasta un 46,5 % de los ingresos corrientes de la nación, en un horizonte de tiempo de 12 años, a partir del 2027, teniendo en cuenta que esa participación hoy representa 26%.
El debate ha generado divergencias que implican a funcionarios del gobierno nacional; por un lado el ministro del interior Juan Fernando Cristo defiende la reforma mientras que voces como la del viceministro de hacienda Diego Guevara Castañeda , de la doctora Elisabeth Correa Soto subdirectora para descentralización y desarrollo territorial del Departamento Nacional de Planeación, y el doctor Juan Sebastián Betancur del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, han expresado contundentes críticas a la misma.
Cuando escribo esta columna se surten reuniones del alto gobierno para lograr acuerdos y ya hablan de aumentar gradualmente la participación hasta máximo 39%.
Líderes de opinión tienen posiciones contrastadas. En contra se ha pronunciado un grupo de ex ministros y viceministros de hacienda, entre ellos, Juan Carlos Echeverri, José Antonio Ocampo, Ruddy Hommes y Juan Alberto Londoño.
Defendiendo la reforma por su vocación de autonomía, son notables los ex ministros como Amilkar Acosta y Carlos Rodado Noriega; este último, al ser reconocido como miembro de número en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, recordó que fue él, como constituyente del 91, fue quien propuso 46,5% como porcentaje meta.
Los ex ministros Juan Camilo Restrepo y José Manuel Restrepo coinciden en proponer primero una ley de competencias que allane el terreno para ulterior reforma al SGP, evitando precipitar riesgos fiscales para la nación en el corto y mediano plazo.
En los partidos políticos, incluso de oposición, el debate es intenso. En el Centro Democrático sectores comprometidos con el referendo por la autonomía invitan a dar el sí a la reforma, mientras que la senadora Paloma Valencia ha manifestado objeciones a la misma.
Colombia es un país fracturado por la forma como tramita sus divergencias en relación con temas de interés común; con la paz por ejemplo, torpemente hemos caído en las categorías estériles y animosas de amigos vs enemigos de la paz.
Con el debate sobre el SGP puede emerger otra fractura; algunos serán descalificados como odiosos centralistas y otros serán descalificados como autonomistas irresponsables y populistas.
La sostenibilidad democrática de Colombia exige, al mismo tiempo, profundizar la autonomía municipal, departamental, así como garantizar cohesión nacional y unidad territorial.
Cualquiera sea el desenlace del tema en el Congreso, la academia, centros de pensamiento, medios de comunicación y entidades como Federación Nacional de Departamentos, Asocapitales, Asointermedias y Fedemunicipios, están llamadas a declararse en estado permanente de conversación nacional a propósito de ese relevante tópico de interés común, conversación que exige espíritu edificante, ajeno a las violentas estigmatizaciones.