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Escribo esta columna en mi calidad de ciudadano colombiano egresado del Curso Integral de la Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas militares y conocedor de la vocación republicana de nuestras Ffaa.
No hay Ministro de Defensa en Colombia.
Nuestras Ffaa lo que han tenido, desde el 7 de agosto de 2022, es gerente liquidador.
La defensa y la seguridad de los colombianos no está al garete, esto sería una noticia menos alarmante; nuestras Ffaa están siendo deliberada y sistemáticamente desmanteladas; han perdido apoyo en lo material y, lo más grave, en su moral.
Son cada vez más los kilómetros cuadrados de territorio nacional bajo el control de grupos al margen de la ley, traficando cocaína y oro extraído ilegalmente.
Se ha vuelto pan de cada día imágenes en las que miembros de las Ffaa se ven vejados por personas soliviantadas por voces que usan micrófonos gubernamentales e institucionales.
Años de formación militar y policial se han tirado a la basura en procesos de relevos de mando, diezmado la moral y socavando el talento y el talante de los hombres y mujeres de las Ffaa.
Capacidades operacionales y logísticas se han deteriorado como consecuencia de recortes en los presupuestos que se le han hecho al sector defensa; prueba de ello la flota de helicópteros MI 17 en tierra por falta de repuestos y ciclos de mantenimiento y continuos accidentes de helicópteros Black Hawks.
Potenciales operaciones contra grupos al margen de la ley, no se han podido concretar por falta de voluntad decisoria de los responsables civiles del sector.
La obediencia inteligente a la autoridad legítima cede al servilismo acrítico con poderes arbitrarios.
Los gestos envalentonados de retirar honores a miembros de nuestras Ffaa, contrastan con pusilanimidad de autoridades civiles ante insolencia y violencia que imponen grupos al margen de la ley en mesas de negociación para explorar difusos y claudicantes acuerdos de paz.
En una democracia en cuidados intensivos, sería grave que nuestros soldados y policías estuvieran perdiendo la conciencia de lo que es su primer y más alto deber: hacer respetar y cumplir el ordenamiento constitucional colombiano.
Es pertinente exhortar el talento y el talante en el cuerpo de Generales y Almirantes para el cuidado de nuestro ordenamiento republicano.
La Ffaa han sido instituciones que han contado con alta credibilidad entre la ciudadanía por muchos años, esto representa un patrimonio para la nación que no puede ser despreciado por el mando civil de turno.
La defensa y la seguridad son temas de bien común. Colombia no ha dado en ningún momento mandato a gobierno alguno para desmontar y desarticular el objetivo misional de nuestras Ffaa; quien actúe en ese sentido, está violando el ordenamiento constitucional y legal de la República de Colombia.
A falta de ministro de Defensa hay un gerente liquidador de las Ffaa y esto se explica porque tampoco hay comandante en jefe; hechos que contrastan con el evidente liderazgo civil desde el gobierno nacional para promover la milicianización de la sociedad civil, guardias indígenas y campesinas y primeras líneas urbanas al galope, en un proceso irresponsable e ilegal, este sí, de paramilitarización.
