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No hay democracia sin autonomías, particularmente, sin autonomías territoriales.
Se valora y preserva la autonomía territorial cuando el entidad beneficiaria la ejerce de manera responsable y competente y cuando poderes estatales, en particular el ejecutivo central, honra esa autonomía que el ordenamiento constitucional y jurídico reconoce explícitamente.
El artículo 287 de la Constitución Política de 1991 reza así: “Las entidades territoriales gozan de “autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley”.
Los límites a la autonomía territorial los determina la constitución y la ley; no los impone a su antojo el gobierno nacional de turno.
Elegidos nuevos gobernadores, alcaldes, asambleas, concejos y juntas administradoras locales, el mapa político y la ecuación de poder cambió significativamente, el gobierno nacional recibió mensaje claro en las urnas, su gobernabilidad, y sobre todo, su estilo de gobierno, han quedado advertidos, los colombianos, desde los territorios, demandan rectificaciones por parte del gobierno nacional en su forma de proceder.
El país ya conoce el estilo del actual gobierno nacional cuando se trata de honrar otras formas de autonomía consagradas en el ordenamiento constitucional.
Gobierna más por vía de excepción a la regla que con apego al espíritu de la norma; a manera de ejemplo, el gobierno pretendió vía decretos extraordinarios, socavar funciones de la Comisión Reguladora de Servicios Públicos que le fueron asignadas a ésta por el constituyente; enhorabuena, Consejo de Estado dejó sin efectos ese decreto.
Distorsiona autonomía sindical con medidas que favorecen a sectores que le son afectos y socava derechos a voces críticas e independientes del sindicalismo; ver caso CGT.
Al no gustar del gerente nacional de un gremio agrícola elegido autónomamente por sus asociados, como fue el caso Fedecafe, el gobierno se muestra tentado a terminar afectando gestión del fondo parafiscal que ha operado históricamente dicho gremio con resultados plausibles.
Con estos antecedentes, qué esperar del gobierno nacional con la autonomía territorial?
Hoy, con nuevos alcaldes y gobernadores, el gobierno nacional ha escogido el riesgoso camino de mostrarse tendencioso en la forma de abordar el trabajo conjunto con las entidades territoriales; prioriza mandatarios locales amigos y deja en lista de espera y observación a mandatarios que representan independencia.
Acaso busca el gobierno nacional condicionar futuros gobiernos locales y departamentales que no son de su simpatía, reteniendo recursos del sistema general de participaciones a los que por ley tienen derecho las entidades territoriales? Demorará recursos de cofinanciación comprometidos en proyectos territoriales donde no gobiernen los de su cuerda política? Promoverá políticas públicas discriminatorias con comunidades y territorios que serán gobernados por sectores independientes al gobierno nacional?
Será el actual gobierno el que con pulsión estadocéntrica y centralista, viole el artículo 287 de la Constitución Nacional de la que el M-19 fue signataria?
Si hay que tomar partido, hay que hacerlo por las entidades territoriales cuya autonomía quede amenazada.
