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Quienes trabajamos en temas de gestión social nos encontrarnos con la necesidad de interpretar políticas públicas con diversos enfoques tales como los de género, étnico, climático, entre otros.
Se ha vuelto recurrente hablar de políticas públicas con enfoque territorial; es una expresión eufónica y, cómo no, resulta seductor hablar de desarrollo rural con enfoque territorial (yo mismo lo he usado), de política industrial con enfoque territorial, de promoción turística y cultural con enfoque territorial y de conservación ambiental con enfoque territorial.
Lo políticamente correcto impone la moda de hablar del enfoque territorial y, sobre todo, de territorios casi que a nivel de entelequia, de ideal platónico, un arquetipo pro utopías y, en no poco casos, para ideologías, en las que el territorio representa el espíritu y quedan omitidos, entre pudores y eufemismos, esos cuerpos, esos entes, en que encarnan los territorios: municipios, departamentos y las diversas formas asociativas a nivel provincial y regional.
Para que lo territorial encarne y se materialice, no hay que hacer maromas lingüísticas ni conceptuales; basta recordar que la Constitución de 1991, en materia de ordenamiento territorial, reconoció como entidad fundamental y primaria de cercanía a la ciudadanía, al municipio. También reconoció a departamentos, como niveles intermedios de articulación del Estado entre municipios y nación.
Es en los municipios, con sus zonas urbanas y rurales, donde acontece la vida económica, social, ambiental, energética, alimentaria; en ellos, y entre ellos, se configuran las realidades físicas y digitales de comunicación, se manifiestan los diferentes nichos ambientales y geográficos y las cuencas hidrográficas; es en los municipios donde se revelan riqueza o la pobreza, oportunidades o exclusiones, probidad o corrupción, seguridad ciudadana o violencia, justicia o impunidad.
El municipio es el pilar básico en que se actualiza o se diluye la vida democrática del país.
En tiempos de recentralización, nacionalización y estatización, es menester que las entidades territoriales, es decir, municipios, distritos y departamentos así como Asocapitales, Fedemunicipios y Fedepartamentos trabajen, con el liderazgo de alcaldes y gobernadores, el desarrollo y la defensa de la autonomía y de los derechos constitucionales que ella comporta, con solidez conceptual y académica, así como formas innovadoras de gestión de alianzas público-privadas-comunitarias, junto con creativas estrategias de incidencia a nivel institucional nacional e internacional, para que la descentralización, la autonomía y la democracia vuelvan a tener en los entes territoriales, los promotores y beneficiarios de diversas políticas públicas, y que estas no se diluyan en gaseosos prédicas que invoquen territorios sin municipios, ni departamentos.
El individuo es el continente, la persona es el contenido. El territorio es el continente, los municipios y departamentos son los contenidos; estos son las personas de derecho público llamadas a encarnar el territorio, y ser la primera interfase de relacionamiento del Estado y la nación con la ciudadanía; en sus manos está la sostenibilidad democrática del país.
