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Varios anuncios y medidas del gobierno de Gustavo Petro contrarrestan las buenas intenciones y los compromisos adquiridos para propiciar un mayor acceso a la tierra de quienes conforman la economía campesina. La anunciada reforma agraria ha sido bien recibida por muchos sectores del país, y ha logrado que los ganaderos no solo no se opongan, sino que se conviertan en la piedra angular de dicho proceso. Sin embargo, preocupan los mensajes contradictorios que se vienen originando en la política agraria más allá de la de tierras.
Por un lado, la intromisión del propio presidente de la república en la decisión de reemplazar a la cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros no solo es indebida -el presidente no debería imponer su voluntad sobre una entidad de naturaleza privada-, sino que ha generado posiciones encontradas al interior del gremio.
La ministra de Agricultura, por su parte, ha anunciado al menos dos intenciones que irían en contravía de las reformas que requiere el agro colombiano. Por un lado, ha dicho en reiteradas ocasiones que el pequeño productor agrícola necesita acceso al microcrédito de uno o dos millones de pesos en lugar de los ocho millones que en promedio colocan entidades como Finagro en esta población. Esto devela un desconocimiento básico del sector. Incluso para una pequeña finca los requerimientos financieros para la preparación de la tierra y su posterior siembra y cosecha son onerosos, más aún cuando el precio de los insumos y la maquinaria han experimentado incrementos sustanciales durante los últimos 18 meses.
Por otro lado, la Ministra se ha mostrado crítica de los centros nacionales de investigaciones sectoriales (Cenipalma, Cenicafé, Cenicaña, etc.), con el argumento de que la investigación que generan estos centros no beneficia a la totalidad del sector sino a subsectores específicos. Lo que desconoce la ministra es que esa es precisamente la labor de dichos centros y por ello su fuente de financiamiento recae en los mismos subsectores. Si se pretendiera modificar el destino de dicha financiación, las fuentes de la misma no se darían, puesto que esta es la esencia misma de la parafiscalidad en la que se sustentan. Es más, si el país quiere embarcarse en ambiciosos proyectos públicos como los que ha recomendado la asesora Mariana Mazzucato para desarrollar el campo colombiano, los Cenis jugarán un papel fundamental por ser el bastión del conocimiento agrícola tropical de algunos productos de importancia creciente en el PIB agrícola del país, y más bien habría que aprender de ellos y replicar sus aciertos en otros productos tropicales con alto potencial productor y exportador.
Una mención aparte merece el ataque que por parte del sindicato del ICA está recibiendo una resolución de esta entidad que acaba de ser sometida a consulta pública, “por la cual se establecen condiciones para el ingreso de animales, vegetales y sus productos al país, que no cuenten con requisitos de importación y se dictan otras disposiciones”. Dicha resolución es el resultado de años de trabajo entre el ICA y el sector privado para actualizar la normatividad vigente y hacerla más acorde a las normas internacionales para el libre movimiento de semillas, sin poner en riesgo el estatus sanitario del país. Estas mesas de trabajo se llevaron a cabo con expertos de la Federación Internacional de Semillas (ISF por sus siglas en inglés).
Es fundamental que el gobierno apoye esta iniciativa en pro del sector agrícola del país, que beneficiaría a la economía campesina que tendría acceso al mejor material genético disponible en los mercados nacionales e internacionales, en lugar de defender intereses particulares que entorpecen el desarrollo del sector agrícola colombiano.
