A manera de balance del sector m - e

En el programa de gobierno del presidente Petro se planteó el “desescalamiento gradual del modelo extractivista”. Y fue enfático al afirmar que “en nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos pilotos de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Estábamos, entonces notificados lo que se nos vendría pierna arriba. Y a fé que lo ha venido cumpliendo.

El sector minero en general se ha visto sacudido por anuncios y decisiones que ha venido tomando el Gobierno que son atentatorios contra la confianza inversionista, tales como el proyecto de ley minera, que pretende reformar el Código de Minas, al tiempo que inaplica las normas vigentes y decreta “distritos mineros” a su libre albedrío y la ANM se distrae con el embeleco de crear un nido burocrático más con el rimbombante nombre de Ecominerales, con la pretensión de competir con la empresa privada, a la que en lugar de estimularla se le pretende arrinconar.

En cuanto al sector de los hidrocarburos, tanto la exministra Irene Vélez como el actual ministro Andrés Camacho han seguido a pie juntillas la directriz del presidente Petro de no abrir nuevas rondas para la asignación de nuevas áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de la ANH. Sin fórmula de juicio y desatendiendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos integrada por el anterior Gobierno, se tomó la determinación de clausurar los dos pilotos en marcha, los cuales tenían por finalidad establecer la viabilidad o no de utilizar la técnica del fracking en el país. El país se quedó sin saberlo.

Y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad fue más lejos al radicar el proyecto de ley que lo prohibía, el cual fue archivado por tercera vez. Pero, no da su brazo a torcer y, según ha anunciado, por quinta vez lo radicará nuevamente. Estos pasos en falso han terminado por desalentar la inversión y la actividad en el sector, lo cual ha repercutido en la caída de las reservas tanto de petróleo, cuya relación reservas/producción cayó hasta 7,1, como del gas, que tuvo una mayor caída, hasta 6,1%.

En materia de reservas, producción y abastecimiento de hidrocarburos, la situación más crítica que afronta y enfrenta el país, merced a la política del actual Gobierno, es en lo atinente al gas natural, en el que la caída ha sido mayor, no sólo de las reservas sino también en producción, poniendo en grave riesgo el autoabastecimiento del país. Según el más reciente reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, para este año el potencial de producción doméstica de gas natural en Colombia caerá alrededor de 7,3%. Pero será mayor la declinación en los años venideros, estimándose en 11,6% para 2025 y 9,3% para el 2026, para un acumulado entre los años 2024 - 2026 de 19,8% (¡!).

Entre tanto la demanda de gas natural que aumentó 3,9% entre 2022 y 2023, por debajo del incremento de 4,6% entre 2021 y 2022, lo cual se explica por la baja en la demanda del sector industrial a consecuencia de la desaceleración del crecimiento de la economía. La proyección de la demanda para este año y los próximos años será mucho más elevada, habida consideración de que el gas natural está llamado a ser el combustible - puente de la transición energética. Ello significa que el país pasará de un déficit en el suministro de gas natural de 7,5% el año entrante a un déficit de 16% en 2026, el cual tendrá que suplirse con importaciones, poniendo fin a 45 años de autosuficiencia.

En este frente es de rescatar la valerosa decisión tomada por el Gobierno de desmontar el subsidio, por lo demás regresivo, a los combustibles en el país, empezando por la gasolina motor. Este Gobierno heredó del anterior una bomba de tiempo: el creciente déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc) con los cuales se cubre, el cual conspira contra la sostenibilidad fiscal. Esta decisión ha sido muy bien ponderada por parte del Comité independiente de la regla fiscal. Este año se calcula que cerrará con un déficit de dicho fondo de $12 billones.

No obstante que la transición energética se ha convertido en la principal bandera de este Gobierno, hasta convertirse en su mantra, es en dónde menos avances se han tenido. Después que Colombia alcanzó a escalar, según el ranking del Foro Económico Mundial (FEM), hasta alcanzar una posición de privilegio de 29º lugar a nivel global y el 3º en Latinoamérica en el desempeño de la Transición energética, según su informe de 2021, en el más reciente reporte retrocedió hasta el 39º a nivel global y al 6º en Latinoamérica. Y no es para menos dado el escaso avance de los proyectos de energías renovables.

Hoy por hoy la mayor preocupación de los usuarios del servicio de energía, especialmente en el Caribe, son las altas tarifas que se cobra al usuario, sobre todo después de las alzas recurrentes que han tenido que soportar desde 2022, cuando se disparó la inflación en el país. Después del fracaso anunciado del Pacto por la “justicia tarifaria” con la que prometió la exministra Irene Vélez bajarlas y del fiasco de las cumbres de Palacio, Sincelejo y Cartagena para, supuestamente, lograr dicho cometido, los usuarios siguen a la espera de que el Gobierno pase de los anuncios y de los plazos incumplidos a los hechos.

El presidente Petro, iniciando su gobierno, le atribuyó las altas tarifas a la Creg y se propuso intervenirla hasta que quedó en sus manos y desde entonces no sabe qué hacer con ella. Ha sido reacio a nombrar en propiedad a los expertos comisionados, como lo manda la Ley, lo dictaminó la Corte Constitucional, se lo requirió la Procuraduría y se lo ordenó tanto el Tribunal administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado. Ahora mismo cursa una acción de desacato cintra el Presidente por negarse a dar cumplimiento a su fallo. Mientras tanto el sector está abocado a un apagón regulatorio.