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Se repite la historia. En 2011 se aprobó una reforma al régimen vigente de las regalías mediante el Acto legislativo 05 de ese mismo año. Según el entonces ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, los ingresos provenientes de las regalías iban a “aumentar de manera sustancial” y que por lo tanto había que “cambiarle la gobernabilidad y esparcirlas en todo el territorio nacional y no sólo focalizarlas en ciertos sitios”. Según sus cálculos, después de haberse recibido por dicho concepto $46,6 billones en el lapso comprendido entre 2000 y 2011, se esperaba recibir $94,8 billones entre 2012 y 2020.
Pero justamente ese mismo año sirvió de punto de inflexión, a partir del cual empezaron a derrumbarse los precios del carbón, el oro y el ferroníquel primero y, posteriormente, a partir de mediados de 2014, cayeron también los precios del petróleo, después de un largo ciclo de precios altos de las materias primas. Ello, como era de esperarse, repercutió en una sensible reducción de las regalías, de tal suerte que entre 2012 y 2018 se recibieron, a duras penas, $52,1 billones.
A consecuencia del “cambio de gobernabilidad” de dicha reforma, los departamentos y municipios productores y portuarios vieron reducirse drásticamente las regalías directas que recibían, afectadas por partida doble, toda vez que después de recibir en promedio por dicho concepto 74% de la totalidad de las regalías a percibir solo 10% como asignación directa y de contera, tal porcentaje se ha venido aplicando sobre un monto menor de regalías con respecto a 2011 y los años anteriores.
Ello, desde luego, provocó un gran descontento y una gran inconformidad en las regiones en donde operan las empresas que extraen los recursos naturales no renovables (Rnnr), exacerbando la conflictividad social y el rechazo de dicha actividad, poniendo en riesgo la viabilidad de los proyectos extractivos. La saliente ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, lo percibió y lo dijo claramente, “las regiones productoras no están satisfechas con las regalías que reciben hoy”. Lo propio manifestó la exdirectora del DNP, Gloria Alonso, “si no les hacemos ver a las regiones productoras los beneficios que puede traer la explotación de los recursos naturales no renovables, ni los productores ni los no productores van a ver las regalías”.
Este es el origen del Acto legislativo 05 de 2019, modificatorio del Acto legislativo 05 de 2011. Se dispuso, entonces, barajar para volver a repartir las regalías, redistribuyéndolas de tal forma que a los departamentos y municipios productores y portuarios se les mejorara su participación. En efecto, en virtud de esta reforma se le duplica dicha participación pasando la asignación directa de 10% a 20%. Como lo afirmó la exministra de Minas y Energía, con esta reforma “estamos devolviendo el péndulo y yo espero que esta reforma sea el equilibrio justo, en donde hay más plata para los productores de manera importante y para los no productores también”.
Pero, cabe preguntarse, cómo hacer para lograr que haya “más plata para los productores y para los no productores también”. Ímproba tarea esta, tan difícil como lograr la cuadratura del circulo. Pero, este acertijo lo resolvió la ex ministra: la respuesta está en el desahorro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías (SGR), que después de contar con 30% de este y verse reducido a 20% en el Acto legislativo 04 de 2017, ahora se ve reducido a su mínima expresión, de 4,5%. Como dijo la ministra,“se ahorra menos”, “ese es el sacrificio” remató diciendo. Preocupa sobremanera que, en adelante, las regiones no van a ahorrar, como lo venían haciendo, parte de los recursos provenientes de las regalías para cuando sobrevengan las épocas de vacas flacas.
El hecho cierto es que este incremento de 10% a 20% de la asignación directa de las regalías para los departamentos y municipios productores y portuarios no se va a sentir porque, coincidencialmente, tal como sucedió con la reforma de 2011, las regalías se están viendo afectadas por la caída tanto de los precios como de la producción del carbón y del petróleo, los cuales contribuyen con 85% de las regalías que se generan por la explotación de Rnnr. Huelga decir que las regalías son los únicos recursos ciertos con los que cuentan las regiones para financiar sus proyectos de inversión.
Aunque con esta reforma se dio un paso importante al simplificar el SGR, queremos plantear le algunas acotaciones. Si bien se suprimieron los órganos colegiados de administración y decisión (Ocad), que nunca funcionaron de la mejor manera, pervive el del fondo de “inversión regional”, en el que se fusionan el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y el Fondo de Compensación Regional (FCR) del SGR. Y, lo que es más grave, se establece que la viabilización de los proyectos que se financien con tales recursos se mantendrá en cabeza de los ministerios y de los departamentos administrativos del orden nacional, menoscabando la autonomía territorial consagrada en los artículos 1º , 3º y el 287 de la Constitución Política.
La oportunidad para introducirle los ajustes requeridos, entre ellos la supresión del odioso veto, es el proyecto de ley que reglamentará el Acto legislativo 05 de 2019, el cual, por omisión del Congreso, al no darle trámite en las sesiones que se clausuraron el pasado 20 de junio, habilitó, como lo prevé el Parágrafo 2º transitorio del artículo 1º de dicho Acto legislativo, al presidente de la República Iván Duque para expedirla mediante Decreto - Ley, en orden a garantizar “la operación del Sistema según el nuevo marco constitucional”. Dada la importancia, trascendencia y la sensibilidad regional que despierta esta Ley, es de esperarse que su texto sea concertado con las regiones, las cuales al fin y al cabo son las titulares de los recursos provenientes de las regalías.
