La agenda regional

Quiero llamar la atención de los aspirantes a ocupar el solio de los presidentes, sobre la importancia de tomar en consideración en sus programas de gobierno la Agenda de las regiones y sus asignaturas pendientes. Como es bien sabido, Colombia es un país de regiones, caracterizada por la centralización política y la concentración de los recursos por parte de la Nación. A menudo sus funcionarios están más cerca de los escritorios que de los territorios. Es tal el centralismo en Colombia que mientras no llueva en Bogotá se asume por parte de quienes nos gobiernan que no hay invierno en el país. A continuación plantearé varias de las iniciativas de mayor relevancia para las regiones.

Es de la mayor conveniencia hacer extensiva a las regiones productoras de recursos naturales no renovables y/o generadoras de energías renovables (FNCER), la aplicación de la Ley 1819 de 2017 y la Ley 1147 de 2020, que les permite a las empresas financiar y ejecutar obras en donde operan con cargo al impuesto de renta que deban pagar a la Nación, bajo la figura de Obras por impuestos. Esta sería una buena manera de compensar mejor a dichas regiones, que vieron afectados sus ingresos con el recorte de las regalías directas que venían percibiendo.

Este y los anteriores gobiernos han incumplido su compromiso de fortalecer el Sistema General de Participaciones (SGP), con el objetivo de aumentar las transferencias de recursos de la Nación hacia las entidades territoriales (ET), las cuales se vieron menguadas por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007.

El Congreso facultó al Gobierno mediante la Ley 1962 de 2018, de fortalecimiento de las RAP, para crear una Misión de descentralización para que la misma le recomendara una propuesta de proyecto de acto legislativo para reformar el SGP. Pero, las palabras que no van seguidas de los hechos son asesinas de los ideales.

Es urgente impulsar una reforma tributaria territorial, con el fin de fortalecer las fuentes de recursos propios de los departamentos y municipios del país. Entre los años 1990 y 2020 se han tramitado y aprobado por parte del Congreso de la República 17 reformas tributarias, todas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna en beneficio de las entidades territoriales. El Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, autorizó al ejecutivo para que integrara una Comisión de expertos para que recomendara los términos de una propuesta de reforma tributaria territorial. La Comisión entregó, hace rato, sus conclusiones y recomendaciones, pero permanecen engavetadas.

Es urgente establecer una fecha límite para que la Nación le reintegre a las regiones los $14.8 billones, provenientes del Sistema general de regalías, de los cuales dispuso el Gobierno para financiar el Fondo de mitigación de emergencias (FOME) para enfrentar la pandemia del covid 19.

Profundizar y acelerar la Transición energética, que debe ser justa y equitativa. La Transición energética debe ir de la mano de la Transformación productiva para diversificar la economía y reducir su dependencia de la actividad extractiva. Tanto la Transición energética como la Transformación productiva, así como los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), a los cuales hay que añadir el 18º, el cierre de la brecha digital, deben ser territorializados, aterrizándolos en las regiones.

Es menester el fortalecimiento y puesta en marcha de una política de fronteras, la cual brilla por su ausencia, se ha quedado escrita, como letra muerta. Definitivamente el papel puede con todo. Por ello la gestión de la política de fronteras amerita contar con una Consejería al más alto nivel que se ponga al frente de la implementación de la Ley de fronteras, le haga un seguimiento e involucre a las regiones en su implementación, concertando e involucrando a las regiones en ella.

De la misma manera, se deben revivir y fortalecer las comisiones regionales de competitividad y los planes regionales de competitividad que sustentan la Agenda Interna para la Competitividad, la cual hay que rescatar de los anaqueles oficiales y actualizarla. Este es nuestro principal reto como país, que acusa un enorme rezago en productividad y competitividad y ningún país puede llegar a ser competitivo si sus regiones no lo son.

El anémico crecimiento potencial del país, que era del 3.5% antes de la pandemia, atribuible en gran medida a la falta de competitividad, no sólo no permite la generación de más empleo sino que lo destruye, que es lo que en la práctica se ha venido dando en el país los últimos años en donde la tasa de desempleo volvió a los dos dígitos después de 6 años con tasas de un solo dígito. La Nueva normalidad que emerge después de la gran recesión que precipitó la pandemia del covid 19 demanda el cambio del modelo económico, cuyo fracaso delató la crisis, en la que los más vulnerables han llevado la peor parte de sus estragos.

Lo dijo con toda claridad la Directora de la Cepal Alicia Bárcena, al referirse a la post-pandemia, “salir de la crisis requiere un cambio radical en los modelos de desarrollo, salir de la crisis requiere un cambio radical en modelos de desarrollo”. Y no es para menos, pues con lo afirmó Einstein “locura es hacer siempre lo mismo, una y otra vez y esperar resultados diferentes”. Es menester tomar distancia del modelo económico neoliberal, basado en el extractivismo, para poner en práctica otro que se fundamente en una economía diversificada, que sea sostenible e incluyente, que crezca para igualar e iguale para crecer, como lo plantea la misma Bárcena. Por ello, no puedo estar de acuerdo con el pronunciamiento de un grupo de empresarios para quienes “un cambio en el modelo económico de Colombia suena osado”, asumiendo que no se pueden “modificar normas que por décadas han guiado la economía del país”, con tan magros resultados como los que saltan a la vista, tanto en lo económico como en lo social.