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Los estragos sociales de la debacle política y económica de Venezuela no se hicieron esperar y, como siempre, quienes llevan la peor parte son las poblaciones más vulnerables. Aunque según cifras oficiales, el desempleo en 2017 bajó a 6%, frente al 7,5% del año anterior, estas cifras contrastan con las del Fondo Monetario Internacional, según las cuales el desempleo en Venezuela pasó de 18,1% en 2016 a 21,4%.
El envilecimiento de las finanzas del Estado corre parejo con la pauperización del grueso de su población, siendo la clase media la que ha llevado la peor parte, debido a la precarización de su ingreso y a la pérdida del poder adquisitivo. Es como si se hubiera producido un aplastamiento colectivo, bajo el peso de la mediocridad del crecimiento de la economía y la falta de oportunidades, lo cual se traduce en un alto índice de NBI.
Ello explica el incontenible éxodo de familias enteras desde Venezuela hacia Colombia, el cual tuvo su primera manifestación en agosto de 2015 cuando el Presidente Maduro resolvió por sí y ante sí, unilateralmente, cerrar la frontera con Colombia con el pretexto de conjurar un supuesto complot urdido contra él desde Colombia.
En esa ocasión, más de 2.000 colombianos residentes en Venezuela fueron expulsados o forzados a abandonar el país que los había acogido en momentos en los que Colombia registraba el mayor número de desplazados por cuenta de la violencia que asolaba a la nación. Según cifras oficiales, 2,5 millones de colombianos cruzaron la frontera con Venezuela huyendo despavoridos en busca de refugio.
Pero a medida que la crisis económica y social se profundiza en Venezuela, el número de personas que la abandonan es mayor. En este sentido, los últimos dos años fueron particularmente críticos, a tal punto que el flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia, según Migración Colombia, supera los 550.000, lo cual representa un incremento del 110% entre los años 2016 y 2017. Eso es una barbaridad, y esa cifra está lejos de la real realidad, pues corresponde solo a aquellos que han sido objeto de registro; el número de los que han ingresado ilegalmente puede ser el doble.
Es de anotar que esta avalancha de migrantes hacia nuestro país no está integrada solamente por venezolanos, que en un porcentaje aproximado al 60% tienen vínculos con Colombia y los colombianos, sino también por colombianos residentes en Venezuela que ahora están de vuelta, estimándose en un 35% del total de quienes ahora deambulan por las calles de las ciudades, atiborran los semáforos y convierten sus parques en improvisados campos de refugiados.
Los 7 departamentos de Colombia que comparten frontera con Venezuela se están viendo a gatas para atender esta calamidad pública, pues no están preparados para asumir semejante responsabilidad. Y el Gobierno Nacional está llegando tarde a atenderla, en momentos en que esta marea humana se ha salido de control, previéndose que lejos de amainar la situación, tiende a agravarse a medida que se agudiza la crisis en Venezuela. El Gobierno Nacional tiene que entender que la problemática en las fronteras no es un asunto fronterizo del cual se puede desentender.
Aunque tarde, el Gobierno Nacional terminó pellizcándose y entendiendo la magnitud de esta crisis humanitaria, como la calificó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y en atención a ello convocó una cumbre para tratar de darle respuesta a la misma.
El Presidente Santos admitió que algunas de las medidas que se habían tomado se tornaron ineficaces, especialmente la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Ante su inoperancia se resolvió congelarla, limitando su beneficio a quienes ya la portan. Se dispuso, además, la creación de una fuerza especial, integrada por 2.120 soldados y agentes de policía que tendrá por encargo el control de los pasos fronterizos por donde transitan los ilegales.
Estas medidas, si funcionan, solo tienen el cometido de evitar que sigan entrando más personas por el conocido como “camino verde”, pero no se ocupa de quienes ya están en el país. De estos últimos, solo se sabe que por cuenta de las Naciones Unidas se instalará en las inmediaciones de Cúcuta un Centro de atención al migrante con capacidad para atender 2.000 personas y nada más.
Vemos, entonces, con preocupación que el plan de contingencia que se esperaba desde la frontera, tan distante de Bogotá que es en donde se toman las decisiones, para enfrentar la enormidad de esta crisis terminó reducido a un plan de contención del flujo migratorio y nada más. Implementarlo será la misión encomendada al exdirector del DAS Felipe Muñoz, a quien designó el Presidente Santos para gerenciarlo.
Estas medidas podrán ser necesarias, pero son claramente insuficientes para enfrentar esta problemática, tanto en su magnitud como en su complejidad. Ahora que la crisis ha tocado fondo, ¡se quedaron cortas!
