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Pido la palabra en esta ocasión para terciar en la controversia que ha suscitado el anuncio del Gobierno Nacional de reanudar el proceso para reemplazar a Electricaribe como operadora de la red de distribución de energía eléctrica a 2,6 millones de usuarios en siete departamentos del Caribe colombiano, que representan 23,9% de la demanda nacional. De allí la importancia que reviste encarar con prontitud y celeridad la acuciante situación planteada y así conjurar un riesgo sistémico que afectaría a todo el país.
Como lo establece la Constitución Política en su artículo 365, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” y este debe “asegurar la prestación eficiente” de los mismos. Por ello, ante la “inminente cesación de pago” y el riesgo de un apagón, la Superintendencia de Servicios Públicos resolvió intervenir la empresa, inicialmente con fines de administración, el 15 de noviembre del 2016.
Posteriormente, el 14 de marzo de 2017, ante lo inexorable, la Superintendencia resolvió continuar la intervención, pero esta vez con fines de liquidación y proceder al cambio de operador. Para ello, se tomó la decisión a través del Ministerio de Minas y Energía de la inclusión en el Plan de Desarrollo (PND) de un paquete de nueve artículos para viabilizarlo, varios de ellos muy controvertibles.
Además de asumir por parte de la Nación el pasivo pensional, calculado en la suma de $1,2 billones, se tomarán medidas al amparo del PND en procura de inyectarle recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, convirtiéndolo en una especie de Fogafín para el salvamento de las empresas prestadoras de servicios públicos en estado crítico, entre ellas una sobretasa de $4 por KWH hasta el 31 de diciembre de 2022, que deberán pagar los estratos 4, 5 y 6 y una contribución adicional del 1%, que deberán pagar las empresas vigiladas.
Pero, a nuestro juicio, la propuesta más atrevida y por ello la que muy seguramente va a despertar mayor rechazo es la que plantea autorizar “al Gobierno Nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria” para Electricaribe o para quien hagas sus veces. Este “régimen regulatorio especial deberá establecer que la variación en las tarifas para esta región sea al menos igual a la variación porcentual de tarifas del promedio nacional”. Se vendrán, entonces, alzas en las tarifas, para nivelarlas por lo alto con las del resto del país.
Y hablando de alzas tarifarias, como se recordará en el texto inicial del proyecto de ley del PND radicado por el Gobierno en el Congreso se contemplaba la eliminación del subsidio para el estrato 3 y su desmonte gradual para el estrato 1 y 2. A la postre dicha propuesta, debido a su rechazo, fue excluida del texto de la ponencia del mismo aprobada en el primer debate. Pero el riesgo sigue latente, porque de no prorrogarse en el PND dicho beneficio para los estratos 1 y 2, a partir del 1 de enero del 2020 se les reducirá el subsidio y se les incrementará la tarifa en un 15%, lo mismo que se había propuesto inicialmente.
En cuanto a la hoja de ruta que seguirá el Gobierno para la selección del reemplazo de Electricaribe se han previsto dos subastas, porque aunque no se descarta que una sola empresa opere todo el mercado de la distribución de energía en la región Caribe, el Gobierno se inclina por la división del mercado en dos, Caribe Sol y Caribe Mar.
Esta es la hora en que nadie ha explicado las razones que le asisten al gobierno para plantear la segmentación del mercado; se dice que es una de las recomendaciones del estudio que contrató la FDN, pero este sigue siendo el secreto mejor guardado. ¿Sería mucho pedir que se levante la reserva de dicho estudio, para saber a ciencia cierta si ello es viable y conveniente tanto desde el punto de vista técnico como operativo?
Ahora bien, la Superintendencia de Servicios Públicos en el curso de la intervención ha venido invirtiendo ingentes recursos a través del Fondo empresarial; de hecho, le han transferido $286.000 millones en garantías al mercado de energía mayorista. Y ahora se aprestan a invertir $860.000 millones más, provenientes de un préstamo con garantía de la Nación, de modo que, como lo afirmó la superintendente Natasha Avendaño, “esto significa que el día de mañana, si la empresa no paga al Fondo Empresarial, la Nación responde por esa deuda ante las entidades financieras”
Para nadie es un secreto que hay de por medio un conflicto entre la Nación y Gas Natural Fenosa que deberá dirimir un Tribunal internacional, que se puede ganar o perder. Por ello, cabe preguntarse, si el resultado es adverso, ¿qué va a pasar con todas esas inversiones? También es preciso preguntarse, ¿quién va a pagar la deuda contraída por Electricaribe con los bancos, con los generadores y con sus proveedores? ¿También las asumirá la Nación al igual que el pasivo pensional? Averígüelo Vargas!
