¿Pagamos deudas con el Amazonas?

Vienen en aumento ideas que sugieren que el Amazonas podría ser la solución para poder pagar la deuda externa, para el caso colombiano hicimos las cuentas y así quisiéramos tampoco alcanza (ver cuadro).
Parece una locura el cálculo y seguramente por la mente de todos es completamente absurdo cuantificar lo que vale para el mundo el Amazonas. Así mismo, si quisiéramos valorar cuánto vale la seguridad energética para un país, no hay cálculos que nos dejen tranquilos.

En el mundo actual, lo más importante es la seguridad energética y el cambio climático, dos temas que no riñen entre sí.

Los gobiernos, las empresas y las grandes ONG conservacionistas de los países industrializados afirman que los bosques pueden compensar el daño climático causado protegiendo bosques que supuestamente estaban en riesgo de ser destruidos. El argumento se basa en que impedir esta destrucción mantendría el carbono en el bosque y fuera de la atmósfera. Sin embargo, las grandes críticas a estas iniciativas y que son tema de la agenda de discusión, es que, como proyectos de compensación, ninguno se ocupa de la crisis climática, porque, por definición, los proyectos de compensación no reducen el total de emisiones: la reducción en un lugar justifica que se emita más en otros lugares.

Hay toda una agenda para combatir el cambio climático y objetivos puntuales de reducción de emisiones hasta 2030. En Estados Unidos, el presidente Biden acaba de firmar la ley de cambio climático y seguridad energética, que busca que se reduzcan en al menos 40% las emisiones de carbono, con inversiones de más de US$369 billones; porque sin duda todas las iniciativas que permitan favorecer el medio ambiente son de interés general, pero mantener las industrias y las familias con bajos costos de la energía y transporte son críticos para el desarrollo económico.

Entonces en palabras más o menos, usar el Amazonas para pagar deudas puede implicar que los países de la cuenca amazónica le nieguen el derecho a las comunidades y pueblos de hacer uso económico de las zonas protegidas, para permitir que países industrializados sigan adelante con su industria.

Vender derechos sobre lo que absorbe el Amazonas puede traer un gran flujo de recursos hoy, pero no soluciona en nada el cambio climático, solo compensa y si contaminan en otros países a menos que tengamos un domo nos afectará a todos.

Por eso será muy importante antes de tomar acuerdos o implementar políticas que impliquen vender o ceder derechos sobre el Amazonas se utilicen todos los recursos para mantener la seguridad energética del país y la soberanía sobre unos de los principales pulmones del mundo, la selva amazónica.

Hay varios movimientos sociales en países como Bolivia, Ecuador, Perú y Brasil en donde las comunidades buscan que se les reivindiquen los accesos a las zonas protegidas que entregaron sus gobernantes años atrás por algunas “ayudas” recibidas pero que ellos no pueden usar para su manutención, porque como mencionan algunos líderes, estamos “Sufriendo aquí para ayudar allá”.

Entonces el tema no se debe tomar a la ligera, y se debe es aprovechar toda la innovación y tecnologías para que se pueda aportar a la mitigación del cambio climático sin castigar el desarrollo económico. Los mercados financieros vienen aportando mucho valor a estas iniciativas, además los países vienen sofisticándose y algunos como Chile, Ghana, Jordania, Singapur y Vanuatu ya están desarrollando infraestructura digital para respaldar su participación en los mercados internacionales de carbono. Según el Banco Mundial, “la clave para reducir con éxito las emisiones mundiales puede ser una infraestructura digital que mantenga seguros los datos y garantice que las reducciones se contabilizan y monitorean con precisión”.

Hay todo un mercado global de emisiones de carbono que Colombia no ha incentivado suficiente y se puede aprovechar, tanto para el sector privado como público. La industria minero-energética en Colombia puede seguir funcionando, así como lo hacen en otros países desarrollados y ser parte de la solución de las finanzas públicas, como lo ha hecho hasta ahora.

Los bonos de carbono son créditos que se emiten en el mercado de carbono. Una empresa que disminuye sus emisiones, de manera voluntaria, puede vender esta reducción generando beneficios económicos y ambientales.

Este mercado de carbono, lo que enseña es que No se trata de prohibir sino de premiar a quien implementa acciones para mitigar su huella de carbono, con la posibilidad de generar ingresos adicionales o reducir sus costos si su actividad económica contribuye al medio ambiente.
Antes de la pandemia de covid-19, el contrato de emisión de carbón rondaba los US$25, en febrero de 2020 superó por primera vez los US$40. En este mes de agosto y concretamente en los últimos días, ha llegado a rozar los US$98 por tonelada.

Estos precios reflejan que sin duda está siendo más costoso contaminar y es necesario aprovechar ese entorno, para poder implementar sistemas inteligentes y fortalecer la industria para que sea más eficiente y pueda reducir su huella de carbono, así como está invirtiendo Estados Unidos y como lo vienen haciendo muchos gobiernos fortaleciendo sus empresas y haciendo uso de lo que se denomina taxonomía verde, que define un sistema de clasificación para actividades económicas y activos con contribuciones sustanciales al logro de objetivos ambientales.

Los gobiernos pueden aprovechar el impulso de Estados Unidos con su recién promulgada ley para impulsar la energía verde del país, y poder premiar a las empresas locales para que puedan hacer uso de los mercados de carbono.

Invertir en estos mercados localmente no es tan fácil, pero, por ejemplo, se pueden usar para generar recursos al país y no castigar las industrias en el periodo de transición. En el mercado de comercio de la Unión Europea, quienes creen créditos de carbono depositarán 5% de las ganancias generadas en un fondo para ayudar a los países. Así mismo China inició un programa nacional de comercio de emisiones que está diseñado para ayudar al país a alcanzar su objetivo de lograr la neutralidad de carbono para 2060.