Tribuna Universitaria 23/01/2025

Las brechas de productividad regional

Andrei Pineda Panqueva
Estudiante Maestría Derecho Administrativo, Universidad del Rosario

Desde una perspectiva analítica a través de las páginas de la historia reciente en Colombia, la promulgación de la Constitución de 1991 es punto de inflexión para la consecución en la garantía estatal del desarrollo de derechos fundamentales en el territorio. En ese sentido, la búsqueda permanente de su realización, desde una concepción holística de la inversión social ha estado flanqueada permanentemente por los retos económicos y periodos de recesión de estos 33 años que aunque la lucha siempre tiene resultados a cuenta gotas. Por ello, no se puede desfallecer en este propósito ya que el fin ulterior es la realización de la promesa constitucional de la garantía del cumplimiento de los fines del Estado.

Es así como, la piedra angular de esta cruzada ha sido la formulación de iniciativas que tienen por objeto la reducción de la brecha de desigualdad en desarrollo de productividad en las regiones, a partir de articulación de políticas públicas de financiamiento con sinergia entre las entidades estatales por sectores económicos, con la meta de que se promovieran planes, programas y proyectos productivos que incidieran realmente en la vocación y practicas productivas del territorio y que coadyuvara en la lucha contra la pobreza por la consecuente generación de empleo ya que, en 1991, 57,9% de la población se encontraba en situación de pobreza monetaria.

Como resultado, con la catarsis propia de los resultados que se evidencian inexorablemente con el tiempo. Sin duda, la realización de proyectos de obra pública y acceso a servicios básicos para la ciudadanía, han sido por excelencia los esquemas dinamizadores de la economía en el territorio, permitiendo que muchas de las zonas alejadas donde el estado tiene una deuda histórica por su falta de presencia, tengan un influx en sus actividades económicas a partir de la inversión estatal y que dinamiza el ciclo económico con la base estructural de la generación de bienestar, transformando significativamente las dinámicas sociales, orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población honrando esta promesa fundante del Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991 que a 2023 hoy ha reducido la brecha de pobreza en 33%.

En ese sentido, vale la pena reflexionar, desde una dimensión crítica en retrospectiva si el centralismo estatal responde a las necesidades de un país con nuestras realidades. Como resultado, con el rango que permite la evaluación histórica del estado actual de las cosas, es menester que como en el método científico (prueba- error) sigamos para nuestra nación la senda internacional de autonomía controlada de las regiones como solución a los retos que enfrenta el país actualmente y que desde 1991 hemos intervenido en una bicicleta estática que heredamos del centralismo.