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El impacto de la política de restitución de tierras, en sus diez años de vigencia, no solo ha servido para empezar a resarcir a las víctimas de despojo y abandono forzado de éstas, sino que además ha traído beneficios como: valorización, dinámica en transacciones inmobiliarias y una mejora en el mercado de predios rurales.
Así lo confirman las conclusiones de un estudio liderado por la Dirección Catastral y Análisis Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que comprende varios análisis de los precios de la tierra en los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca, antes y después de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras.
Con el método de la doble diferencia y la base de información secundaria de fuente de la URT y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se identificaron y conformaron dos grupos de predios con características comparables (los restituidos a reclamantes y los que no lo han sido, pero que son vecinos), se concluye que la política está funcionando eficazmente.
A comienzos del 2000, la hectárea de tierra en Cauca y Valle del Cauca tenía un valor promedio de $4.745.413, en predios sin afectaciones de violencia, mientras que, en ese mismo periodo, aquellos donde sí había episodio de despojo, era $1.190.930. El panorama cambia desde 2011: en el primer caso la tierra alcanza en valor promedio $10.087.749 y en el segundo $13.367.492, según consigna el estudio.
Este es el impacto positivo de las políticas sobre legalidad y formalidad en la tenencia de la tierra que se han implementado durante el actual Gobierno. Además, son muy significativos, si se tiene en cuenta que las regiones analizadas coinciden con un elevado nivel de conflictos que derivaron en despojo de tierras.
La notable mejoría del valor de la tierra restituida evidencia que los actores armados que incidieron en el despojo de tierras, ocasionaron tensiones en mercado y propiedad de la tierra, así como en sus capacidades productivas, causando distorsiones. De igual forma, la informalidad de la tenencia es otro de los factores que desvaloriza predios.
Vale la pena destacar que, de la mano de la URT, además de la legalidad en la tenencia de la tierra, llegan la seguridad, el progreso, la estabilidad jurídica y el impacto para comunidades de influencia cerca de los predios restituidos. La política ha tenido efectos más allá de los objetivos misionales de la entidad, entre ellos la estabilización de la dinámica en transacciones de bienes inmobiliarios.
A la fecha, se han restituido más de 500 mil hectáreas de tierra para campesinos y comunidades étnicas, un asunto abordado por el Acuerdo de Paz y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que empieza a resolverse.
En Antioquia se han visto los mayores incrementos en los precios de predios rurales por cuenta de los procesos de restitución de tierras. De ser la región que mayores episodios de violencia registró, 2.313.737 casos (6.015 de despojo y 1.746.087 de desplazamiento forzado), pasó a tener el mayor impacto positivo en sus precios, de 2,5 veces, analizando el antes y el después del año 2011.
La tasa promedio de crecimiento de los precios de los predios restituidos entre 2015 y 2019 en los cinco departamentos estudiados, es de 16,5% en el Valle del Cauca; 15,8% en Antioquia; 8,4% en Cauca; 5,3% en Norte de Santander y 3% en Santander.
La reparación efectiva, además, contribuye a estabilizar territorios, llevando allí desarrollo y presencia institucional, redundando en mejora de los precios de predios rurales, pero también, del bienestar socioeconómico en lo que antes era tierra de nadie.
