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Analistas 08/07/2022

¿Cómo evaluar la calidad del “Cambio”?

Andrés Felipe Londoño
Asesor en transformación digital legal de servicios financieros

Colombia recibirá dentro de mes un nuevo gobierno cuya bandera es el “Cambio”, uniéndose a una tendencia global que no es nueva. Luego de fuertes crisis económicas, es un reconocido patrón histórico que las sociedades tienden a favorecer propuestas políticas que prometen un giro radical frente a lo existente. Como encontró Ray Dalio, inversionista reconocido y autor del libro “Nuevo Orden Mundial”, durante los ciclos de orden y desorden interno que viven las sociedades, es usual que se busque abrigo en el autoritarismo y el populismo, cuando por algún evento se intensifican altos niveles de desigualdad, endeudamiento y declives en el poder adquisitivo de la población. Prueba de ello es el récord de deterioro que alcanzó en 2021 el Índice de Democracia que construye el Economist Intelligence Unit, el cual pondera varios elementos que indican la salud de la democracia a nivel global. El pronunciado declive de este índice desde el inicio de la pandemia del Covid-19 demuestra que el “Cambio” es una constante, intensificada en estos tiempos.

Ante su inevitabilidad, se hace más relevante que nunca poner en práctica herramientas útiles para evaluar la calidad del “Cambio”. Propongo tres:

Primero, las propuestas deben ser analizadas desde la racionalidad y no desde una defensa ciega de una ideología. Un debate público de calidad evita el maniqueísmo y favorece los matices requeridos para el análisis de una realidad muy compleja. Para ello los recientes ganadores del Premio Nobel de Economía en 2019, Abhibit Banerjee y Esther Duflo, proponen un uso pragmático de metodologías de investigación económica que pongan a prueba las diversas hipótesis comunes en el debate público. Por ejemplo, luego de revisar diversos casos concretos de varios países disímiles como USA, China, India, Bangladés y algunos de Latinoamérica, lograron identificar con abundante evidencia que la apertura al comercio internacional suele traer efectos agregados positivos para los países, especialmente si tienen una economía poco diversificada y se gestiona activamente la situación de los sectores perjudicados por dicha apertura. También demuestran, cómo la guerra comercial de Trump con China, reavivó un mayor proteccionismo en Estados Unidos que condujo al encarecimiento de varios productos, a la pérdida de empleo en sectores de exportación y a la intensificación de subsidios a sectores improductivos que, sin estos, hubieran desaparecido. Es así, como a raíz de la evidencia, cualquier iniciativa proteccionista del nuevo gobierno debería ser ampliamente controvertida.

Segundo, las propuestas deben ser juzgadas no desde sus intenciones sino desde sus efectos. A su vez, su análisis no debe agotarse en sus efectos inmediatos (consecuencias primarias) sino a largo plazo (consecuencias secundarias) y tampoco debe concentrarse en los efectos en un grupo particular sino en toda la sociedad. Esta es la idea central del libro clásico “La economía en una lección”, donde Henry Hazlitt, quien demuestra cómo políticas bien intencionadas terminan ocasionando resultados absolutamente contrarios a sus nobles propósitos. Por ejemplo, explica cómo los “trabajos públicos” enfocados en emplear personas con el fin de “potenciar la demanda agregada” sin consideración del retorno de la inversión, han desembocado generalmente en grandes desperdicios de recursos públicos, en una creciente carga tributaria para la sociedad en conjunto y en un mayor endeudamiento público que, en últimas, obliga al Estado a extraer cada vez más recursos de sectores productivos para trasladarlos a sectores improductivos. Esto conduce a un desincentivo progresivo de actividades productivas, reduciendo el empleo y afectando el poder adquisitivo de toda la población. Los efectos terminan eclipsando las intenciones.

Y tercero, las propuestas deben ser cuestionadas desde los incentivos de quienes las promueven. Si usted se pregunta por qué un Partido Conservador está dispuesto a apoyar iniciativas de estatización de servicios como la salud, la banca o las pensiones, no es por un cambio súbito en tendencias ideológicas del conservadurismo. Es porque muy probablemente se beneficiarán de la creciente burocracia y rentas estatales a repartir, que todos financiaremos con impuestos presentes o futuros. Con dicha estatización de servicios, el costo extra que conllevan las utilidades del sector privado en la prestación de estos servicios se verá remplazado por el costo extra de la ineficiencia del Estado, en donde no existen los incentivos para optimizar la asignación de los recursos para poder lograr dichas utilidades. De manera que ante toda propuesta que prometa una mejora por el solo hecho de volver un servicio público, es prudente cuestionarse si ello beneficiará directamente a quien promueve el cambio, a costa de todos los colombianos.

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