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En diciembre de 2016 la reconocida revista The Economist destacaba a Colombia como el “País del Año”. Luego de haber estado cerca de ser un Estado fallido, nuestro país prometía entrar a una nueva era, apalancado por el impulso internacional del cierre formal de una guerra de más de cinco décadas con la guerrilla de las Farc, que dejó más de 220.000 muertos. Colombia crecía en promedio 2 puntos porcentuales por encima del resto de Latinoamérica, consolidaba su ingreso a la Ocde-un club de países mayoritariamente ricos- y robustecía su reputación de destino propicio para las actividades productivas.
Comenzando 2023 la realidad luce bastante distinta. Después de una crisis económica, solo comparable en magnitud (no en duración) con la Gran Depresión de 1930, ocasionada por el impacto de la pandemia, el mundo entero vive las consecuencias políticas del incremento agudo de la pobreza. Luego de un esperanzador rebote, rápidamente el mundo retomó el camino de la incertidumbre, propulsado ahora por los efectos de la guerra de Ucrania, las tensiones geopolíticas entre las dos más grandes potencias y los excesos de política fiscal en varios países ricos. Siguiendo un conocido patrón histórico posterior a fuertes choques económicos, al igual que una gran cantidad de países, Colombia culpó al “sistema” y eligió un gobierno de izquierda radical, abanderado de un cambio revolucionario.
En 2023 promete destacar a Colombia como el “País del Daño”. En sus cortos pero frenéticos cinco meses iniciales, el Gobierno Nacional ha anunciado e implementado un cóctel de reformas y medidas que recopilan varios de los errores económicos que ha cometido la humanidad en su historia:
Entre muchos otros, (i) ha sembrado desconfianza en frente a la exploración de los hidrocarburos, afectando la principal industria exportadora del país; (ii) ha anunciado reformas de estatización de la seguridad social tanto en salud como en pensiones; (iii) ha insinuado control de precios en varios sectores como la finca raíz o servicios financieros; (iv) ha creado privilegios arbitrarios para grupos de interés específicos como el descuento del Soat; (v) ha impulsado la creación de más burocracia estatal para fines que podían asumir ministerios existentes; (vi) ha aumentado los impuestos en momentos de clara desaceleración económica; (vii) ha puesto en duda los derechos de los propietarios de bienes rurales incentivando el pillaje y la invasión de tierras; (viii) ha creado un sistema de chantaje y depuración de entidades estatales del orden nacional, reduciendo sus renovaciones de contratos de prestación de servicios a cada cuatro meses; (ix) impuso aranceles anacrónicos a la ropa importada y (x) aumentó el salario mínimo por encima del incremento de productividad del país y de la inflación junto con una promesa de una reforma laboral que elevará aún más los costos laborales.
Los colombianos aún no han dimensionado los efectos previsibles e imprevisibles que estas decisiones causarán este año que apenas comienza. Sin embargo, ya está al alcance de todos dos resultados contundentes del Gobierno del Cambio que son atribuibles en parte a su especial manera de multiplicar la incertidumbre: Primero, la tercera devaluación de moneda más acentuada del mundo (20% en 2022), después de Argentina y Turquía, dos países que destacan por su pésimo manejo macroeconómico. Y segundo, la inflación anual más alta del siglo (13,12%), que no baja pese a que en varios otros países de Latinoamérica y el mundo este destructivo fenómeno ya ha sido controlado. Colombia, de país del año a país del daño.
