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Estamos atravesando la fase más peligrosa (por ahora) del mandato del populista Gustavo Petro. El abordar sus reformas legislativas y actuaciones en el ejecutivo de manera aislada es ingenuo y equivocado. El presidente está acelerando sus esfuerzos para lograr consolidar el “autoritarismo sabroso”. ¿En qué consiste?
El “autoritarismo sabroso” es un modelo a través del cual el Estado se transforma en una máquina de reparto de rentas y privilegios a grupos improductivos, financiado por la extorsión de los actores productivos de la sociedad y un endeudamiento insostenible.
Su razón de ser consiste en el otorgamiento de beneficios cortoplacistas para sectores calificados por el gobierno como víctimas de la sociedad a cambio de un apoyo popular orientado a una mayor concentración del poder en el Estado, un crecimiento exponencial de la burocracia clientelista, la generación y apropiación de rentas extractivas y su perpetuación en el poder.
El propósito de las reformas legislativas del Petrismo es romper la columna vertebral de la economía de mercado en Colombia con el fin de reducir las libertades económicas de los ciudadanos y facilitar la extinción posterior de sus libertades políticas. Como identificó Milton Friedman en su obra Capitalismo y Libertad, “la historia sugiere que el capitalismo es una condición necesaria para la libertad política (…) La preservación de la libertad requiere la eliminación de la concentración del poder a la máxima extensión posible y la dispersión y distribución del poder que no pueda ser eliminado, a través de un sistema de frenos y contrapesos. Al remover la organización de la actividad económica del control de una autoridad política, el mercado elimina su fuente de poder coercitivo y permite que la fortaleza económica sea un límite del poder político y no un refuerzo de este.”
Consciente de la relación entre libertad y mercado, Petro busca a través de sus reformas legislativas reducir el poder económico de los ciudadanos y empresas, tornar financieramente inviable las actividades productivas y aumentar el control centralizado del Estado en varios pilares centrales de la economía, como la salud, las pensiones y las relaciones laborales. Requiere bastante inocencia creer que ahí pararía. Este sería sólo el comienzo de una intromisión generalizada del Estado en la actividad económica.
De otro lado, las acciones del poder ejecutivo están orientadas a (i) debilitar la autonomía de las instituciones democráticas diluyendo su eficacia al ser cooptadas por esbirros del presidente, (ii) corromper a los actores destinados a ejercer un contrapeso democrático como el Congreso y la rama judicial, (iii) alistar recursos para una lluvia de beneficios insostenibles y de corto plazo para obtener votos en las elecciones de 2026, (iv) sembrar las bases para intentar una constituyente ilegal que elimine las instituciones democráticas y liberales y (v) consolidar un modelo autoritario en Colombia.
Los colombianos no podemos darnos el lujo de subestimar el daño que este gobierno puede hacer a nuestro país y a nuestros proyectos familiares y personales. Estos no son tiempos para mirar hacia otro lado e ignorar los asuntos políticos. Es hora de dejar la ingenuidad, vencer el miedo y defender a Colombia del “autoritarismo sabroso”.