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Los colombianos no debemos subestimar el poder que tiene el Gobierno Nacional para seguir implementando medidas nocivas desde el Ejecutivo. En su siguiente etapa los efectos serán particularmente perjudiciales.
En su primera etapa, recién ganadas las elecciones presidenciales, el Petrismo se mostró magnánimo y acogió a algunas ideas y figuras de centro dentro de su gabinete. La retórica de grandes acuerdos nacionales imperó hasta que se hicieron evidentes las discrepancias internas sobre las grandes reformas pretendidas por el presidente Petro y su círculo más cercano.
En su segunda etapa, ante el inmovilismo de los desacuerdos internos, el presidente cambió a siete ministros, hizo más evidente su agenda colectivista y pasó rápidamente hacia un discurso extremista y confrontativo. Desde febrero de este año, esta etapa se ha caracterizado por: (i) un pulso legislativo silencioso para ganar los votos necesarios para pasar las reformas legislativas; (ii) el aprovechamiento de sus facultades administrativas para imponer cambios radicales y arbitrarios en temas varios como la energía, el Soat, los peajes, la política criminal, los aranceles, entre otros; y (iii) la toma del aparato estatal, purgando a las entidades públicas de funcionarios de alto conocimiento técnico y experiencia y reemplazándolos por personas inexpertas y serviles.
La siguiente tercera etapa del Petrismo consistirá en la ejecución de un gasto público sostenido para lograr el clientelismo de masas, típico de un régimen populista. El gobierno nacional está alistando un decreto ley, fundado en las facultades extraordinarias otorgadas por el Plan Nacional de Desarrollo, a través del cual restructurará la política de gasto social buscando: desmontar formalmente lo existente, crear subsidios condicionados y no condicionados, incluir criterios de política de identidad (género, etnia, discapacidad, edad, territorio, etc.) para su otorgamiento, abrir turbios canales de cooperación internacional y ampliar los mecanismos de pago para desligarse del sector financiero en la ejecución del gasto social.
La “política para la promoción de la movilidad social” o política de clientelismo de masas, en términos sencillos, generaría conocidos efectos negativos para Colombia: Primero, modificaría la arquitectura de incentivos del país, haciendo que diversos grupos con características identitarias convenientes accedan a privilegios arbitrarios y se dediquen al mantenimiento y expansión de estos, en lugar de desplegar actividades productivas.
Segundo, la “promoción de la movilidad social” liderada por el Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de Igualdad aumentará el ya gigantesco gasto público del país. Pese al mayor recaudo tributario de la historia, Colombia tiene un déficit fiscal de 4.2% del PIB, sin aún haberse aprobado ninguna de las reformas legislativas que potenciarían el desequilibrio de las finanzas públicas.
Y tercero, esta política fiscal expansionista agregaría una fuerte presión inflacionaria. La aparente prosperidad de sus beneficiarios se vería eclipsada por la renuente inflación, que estando en 10% aproximadamente, es la tercera más alta del continente después de los infiernos populistas de Venezuela y Argentina. Bienvenidos a la etapa del clientelismo de masas.
