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ivimos actualmente en una situación en la cual se exigen derechos de una forma ilimitada, desbordada, sin tener en cuenta que todo derecho tiene su correspondiente ámbito de aplicación y de extensión. No puede existir un derecho que, no tenga ni un límite por cuanto se incurriría en abuso del derecho, y que no conlleve el respeto a una obligación correlativa. Esta es la esencia de la convivencia de una forma armónica, constructiva y civilizada que nos permite avanzar como sociedad.
Basta observar fenómenos como los paros, en los cuales, más allá de cualquier derecho o pretensión que se pretenda alegar se excede en el ejercicio de la reclamación al punto de constituir una flagrante y evidente violación de los derechos de los demás, sino es así, ¿cómo se explican los bloqueos?, que impiden a la gran mayoría, estando o no de acuerdo con las quejas de los que promueven tales movimientos, el libre ejercicio de derechos tan elementales como la libertad de movimiento, la libertad de opinión y expresión al punto de que se presenta escasez de alimentos con la consabida subida de los precios y ataques a quienes censuran los bloqueos, para mencionar solamente algunos de los efectos negativos que implica el desconocimiento de obligaciones e incumplimientos de leyes por parte de quienes protestan indebidamente con el correlativo desconocimiento de los derechos de los demás.
Y es que el ejercicio de ciertos derechos ha sido manipulado indistintamente con fines totalmente ajenos a los previstos para tales derechos y hay que decirlo, lo ha sido con fines políticos, buscando engañar, crear falsas ilusiones en la gente y crear expectativas irreales o de imposible ejecución. Esto no ha sido práctica exclusiva de las tendencias políticas de izquierda o de derecha, esto ha sido, está y sigue siendo una forma generalizada, errada y malsana de hacer política, engañando a la gente, manipulándola, haciéndole creer que tiene unos derechos soberanos e ilimitados, cuyo ejercicio, en últimas, termina perjudicando a esta misma gente.
Lo grave es que a pesar de que existen las normas, los mecanismos y las autoridades no hay la voluntad política de quienes ostentan el poder ejecutivo y legislativo, para hacer respetar los derechos en la forma establecida en la ley y en la constitución; no, acá se está volviendo un uso, una costumbre, que los derechos que prevalecen sin más, así sea de forma irregular, sean los de las personas que más presión ejercen, que más ruido hacen, que más daño hacen, los de grupos que puedan reportar un costo político alto para el gobernante de turno; eso es todo lo contrario al estado de derecho, a la aplicación de las leyes que nos han de permitir vivir, crecer y desarrollarnos socialmente en forma pacífica y civilizada.
Y es que, por obra de los políticos, porque no es reditual para ellos, no se fortalece el sistema judicial; se oye con frecuencia que nuestra justicia no funciona, que es un desastre; todo lo contrario, lo que hay son buenos jueces, buenas instituciones, buenas leyes, sin embargo, faltan buenos políticos o sobran tantos políticos.