Crucificar a Uribe

En las últimas semanas la JEP anunció públicamente imputaciones en dos temas críticos relacionados con el conflicto armado en Colombia: los secuestros ordenados por parte del secretariado de la Farc y los casos de víctimas presentadas como bajas en combate por las fuerzas militares, mejor conocido como ‘falsos positivos’. En el primero hablan de una cifra de 21.396 secuestros ordenados por esta guerrilla desde los 80’s y describen casuísticamente muchas de las atrocidades que todos ya conocíamos. En el segundo, determinan que la cifra es tres veces superior a la registrada anteriormente por la Fiscalía - 6.402 víctimas que tuvieron lugar principalmente entre el 2002-2008- periodo en el que Álvaro Uribe fue presidente.

Ambos pronunciamientos generan un alto grado de desconfianza -especialmente en las personas que votamos por el ‘NO’ en el plebiscito- pues más que mostrar avances sustanciales en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, dejan la impresión que ambas decisiones fueron tomadas por los magistrados con extremado cálculo político.

Con este prejuzgamiento, la JEP busca ambientar la narrativa acordada en La Habana de igualar la conducta de nuestras autoridades militares y de gobierno con los delitos cometidos por la narcoguerrila. Aunque con las dos decisiones pretende hacer creer a la opinión pública que son imparciales y que están impartiendo justicia para ambos lados, la realidad es que buscan inclinar la balanza para justificar los delitos de las Farc al tiempo que pretenden crucificar a Uribe.

La pregunta que muchos analistas nos hacemos es ¿cual fue la metodología utilizada por la JEP para llegar a ese número de falsos positivos? Aunque ellos aducen que sus imputaciones son producto de tres años de investigación rigurosa basadas en el cruce de varias fuentes de información, no explican si son producto de nuevas denuncias de familiares de víctimas, de la exhumación de los cadáveres, de testimonios y evidencias aportadas por otros testigos, o el producto de otros medios de prueba que les haya permitido llegar a conclusiones tan milimétricas. Me imagino que todo eso hace parte de la reserva del sumario.

Para nosotros, los escépticos en la efectividad e imparcialidad de la JEP, nos suena más a conclusiones basadas en estudios de ONG’s con clara agenda política y reconocida trayectoria de oposición a las instituciones de gobierno. Por eso sorprende que justamente la semana que se anunciaba la imputación sobre los falsos positivos, el señor Vivanco de HRW estuviera haciendo activismo diplomático en Colombia. Vaya casualidad.

En últimas, no soy de los que creo que Uribe haya sido una monjita de la caridad. En un país en guerra por más de cuatro décadas, seguro le toco tomar muchas decisiones difíciles, como el bombardeo de Angostura, la captura de Granda en Venezuela o las extradiciones de Simón Trinidad y de la cúpula paramilitar. Pero como bien él ha dicho en varias oportunidades, no creo que se levantara todas las mañanas a ordenar el asesinato de gente inocente, como pretenden hacernos creer sus detractores.

No nos van a convencer ahora que asesinar inocentes en lugar de presentar resultados reales en la lucha contra las narcoguerrillas fue su legado principal.