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Defender la paz siempre será un fin más loable que defender la institucionalidad que nos han dado la libertad por más de 200 años, parafraseando a Santander. Esto es particularmente aplicable a la discusión actual sobre la JEP. Hay quienes defienden los acuerdos de La Habana y los compromisos emanados de ahí como si fueran norma de carácter supraconstitucional, haciendo la JEP intocable. Una pequeña mayoría, considera que no es necesario adaptar las instituciones de justicia para satisfacer las exigencias de las Farc o del grupo terrorista del momento.
Si el propósito es la no repetición y alcanzar verdad, justicia, reparación, la JEP no es la solución. Simplemente no tiene la trayectoria, capacidad institucional y legitimidad para lograrlo. Sus defensores han convertido a las víctimas en un simple aforismo para justificar la justicia transicional y crear una nueva burocracia que responda a sus intereses.
Por lo que defender el Estado de Derecho ante esta audiencia, cada vez más joven, idealista y socialista, es cada vez más impopular y difícil de justificar. No tienen presente o reconocen la amenaza directa del narcotráfico y la guerrilla a nuestra democracia, y están convencidos que es necesario refundar el Estado para lograr una mayor justicia social.
Este idealismo político es una clara muestra que hay una desconexión entre las instituciones del Estado y la sociedad.
Y no pretendo tapar el sol con las manos, gran parte de nuestras instituciones están altamente cuestionadas y con justa razón. Corrupción, abuso de confianza, burocracia, favoritismo, nepotismo, conflictos de interés, carencia de ética institucional, poca transparencia, violación de derechos humanos, injusticia social, y falta de vocación y liderazgo, hace más fácil pensar en la utopía que en el esfuerzo de reformar o construir capacidad institucional.
Sin embargo, para los que crecimos en Colombia cuando el M-19 incineró el Palacio de Justicia; Pablo Escobar logró una constituyente para abolir la extradición; los dineros del narcotráfico, el proceso 8000 y la parapolítica desprestigiaron a la clase dirigente; los grupos guerrilleros convirtieron del secuestro una industria y la gente se convirtió en rehén en sus ciudades; lo único que evitó que nos convirtiéramos en un narco-estado o en un Estado fallido, fue la institucionalidad.
No digo que la Constitución no deba adaptarse a nuevos tiempos y nuevas realidades, pero tanto ‘manoseo’ de la Constitución genera inseguridad jurídica y conlleva a deslegitimar el Estado de Derecho. Esto no solo afecta la confianza en nuestros gobernantes, sino le hace un muy mal servicio al objetivo de la paz.
Por lo mismo, soy un fiel creyente en la frase célebre de Churchill, que la democracia es el peor sistema exceptuando todos los demás. Por ende, es nuestra responsabilidad defender las instituciones judiciales y de seguridad del Estado, apoyar sus investigaciones, exigir el debido proceso y respetar sus decisiones, así en algunas ocasiones por motivos personales, ideológicos o políticos no estemos de acuerdo.
Podemos ejercer control político, reformarlas, adecuarlas, modernizarlas y elegir líderes que estén a la altura de sus cargos, pero la institucionalidad no puede ser discrecional.
