Disneyzuela

Participé en un foro liderado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, sobre las oportunidades de inversión en Venezuela a raíz del anuncio del restablecimiento de relaciones con el vecino país. Dentro de los conferencistas invitados, estaban el embajador Benedetti y el ministro de Comercio, Germán Umaña. El Embajador -en su estilo informal- trató de vendernos a Venezuela como Disneylandia, asegurando que ‘los chamos’ estaban viviendo un -una especie de ‘primavera venezolana’, que no se podía desaprovechar. En medio de la euforia, no me sorprendió el espejismo que vende el gobierno, sino la ingenuidad de los empresarios. Al parecer al toro sí lo castran dos veces.

Sin querer aguarles la fiesta, hay que ser conscientes de los riesgos que representa invertir en la hermana república. En primer lugar, están las sanciones internacionales interpuestas por Estados Unidos, el Reino Unido y Europa. La inclusión de empresas estatales, funcionarios de gobierno y colaboradores del régimen chavista en listas privilegiadas del Departamento de Justicia, Ofac, Naciones Unidas, Banco Mundial y otras, son una barrera para hacer negocios en ese país. A esto se suman las normas de lavado de activos y financiación del terrorismo. El régimen chavista no solo representa un riesgo por ser una dictadura y un santuario de narcotráfico, corrupción y violación de derechos humanos, sino por sus fuertes vínculos con los regímenes de Cuba, Irán, Rusia y China, y la preocupación de las autoridades americanas que el régimen chavista utilice a Colombia para mover dinero ruso e iraní en el sistema financiero.

Y si bien como lo reportó el Wall Street Journal en un artículo el pasado 5 de octubre, la administración Biden está contemplando la posibilidad de reducir algunas sanciones a Venezuela, se trataría de un acuerdo específico para autorizar a Chevron a exportar petróleo venezolano a cambio de la liberación de cientos de millones de dólares congelados en bancos estadounidenses, condicionado al resultado de los diálogos en México. Por ningún lado se están eliminando las sanciones para otras empresas norteamericanas, menos aún para las colombianas.

Aparte de las sanciones que siguen vigentes, están los riesgos tradicionales que muchos empresarios colombianos ya conocen, han enfrentado en el pasado y que, según cálculos hechos por El Tiempo, acumulan deudas sin pagar en Venezuela al empresariado del país por cerca de US$1.000 millones.

El clima de inestabilidad económica, política y social que vive ese país desde hace más de 20 años; los estrictos controles cambiarios que impiden repatriar utilidades o transferir divisas al exterior; la inseguridad jurídica producto de la nacionalización o expropiación de industrias; la corrupción y el narcotráfico permean a gran parte de la sociedad venezolana; la criminalidad y violencia que asechan zonas de frontera, carreteras y grandes ciudades, e imposibilitan transitar mercancía de un puerto a otro sin ser víctima de extorsión; la escasez de insumos, materias primas y mano de obra calificada; y una infraestructura precaria y frecuentes cortes de luz que impactan toda la cadena de suministros.

Por eso aventurarse a invertir y hacer negocios en la República Bolivariana no es un cuento de hadas con castillos y Mickey Mouse, sino más bien una película de vaqueros del viejo oeste.