¿Dónde está la Fiscal?

No es cortés o de buen gusto que un médico opine sobre el diagnóstico de otro galeno, razón por la cual he tratado de abstenerme durante el último año de opinar del trabajo de la Fiscalía. Como investigador, entiendo la dificultad que es para el ente acusador llevar a cabo investigaciones a buen puerto en un país donde a diario se reportan todo tipo de crímenes comunes y delitos de lesa humanidad. Donde las estructuras criminales se reproducen como conejos, y en el que la mayoría de los casos nunca logran esclarecerse. Desde el Catatumbo hasta el Cauca, de Nariño hasta La Guajira, o en las grandes ciudades, el delito parece desbordarnos. La metamorfosis de la delincuencia organizada ha convertido este flagelo en un problema endémico.

A esto hay que sumarle un mandatario que considera que a nuestros peores delincuentes solo les falta es “un poco de amor”, como se refirió esta semana a los buenos muchachos del Tren de Aragua. Un gobierno sin una política criminal articulada y sin voluntad política para combatirlos, que insiste en la doctrina de sus contertulios de izquierda en la región, de ‘abrazos no balazos’ y procesos de paz fallidos. Por eso, exigirle resultados a la Fiscal y a las demás autoridades judiciales sería incongruente.

La Fiscal se posesionó a comienzos de 2024 con la firme intención de no convertir su gestión en un ‘show’ mediático. Ella sostiene que su labor es fallar en derecho y responderles a los colombianos con autos, resoluciones y sentencias condenatorias. Pero llevamos más de un año desde que el exfiscal Barbosa dejó el cargo y las investigaciones por los temas más apremiantes que involucran a la actual administración no parecen avanzar, a pesar de que en su mayoría no se descubrieron por virtud del ente acusador, sino porque los mismos delincuentes se delataron entre sí.

Con todo eso, vivimos en un país cuya agenda judicial esta cooptada por la farsa sin sentido contra el expresidente Uribe. Donde la JEP centra sus esfuerzos en las conductas de nuestros militares y no en la de los grupos criminales, que es para lo que fue creada. En el que los asesinos más temerosos se pasean como gestores de paz -o los más prudentes- deciden venir a jubilarse. Y donde los periodistas más renombrados siguen sin poder superar a Uribe.

Y mientras tanto, casos como el de ingreso de dineros calientes a la campaña de Petro y la participación de su hijo pasan de agache. Los temas de contratación pública que involucran a la primera dama y a su círculo de confianza son aceptables. El saqueo de la Undgr es opacado por las decisiones en el caso de Centros Poblados. El gobierno ha destruido el sector salud, las pensiones y la empresa más importante -Ecopetrol-, y parece que no nos afectara el bolsillo. Contratan bodegueros y asesinos morales a sueldo con plata del erario, y resulta normal. Y un adicto confeso, abusador de mujeres y politiquero de marras se convierte en el operador político de este gobierno, y buscamos la manera de negociar con él.

En fin, será que la fiscal Luz Adriana sí está dispuesta a hacer su trabajo a pesar de su afinidad ideológica con este gobierno, o terminará su gestión -sin ton ni son- como su exjefe Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa. Espero estar equivocado y que las piezas del ajedrez empiecen a caer, para que los colombianos de bien no sigamos destinados a vivir con el cáncer del narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada para siempre.